El senador paraguayo del Partido Liberal cuestionó la responsabilidad política del presidente Santiago Peña en el escándalo del Ueno Bank y reclamó que sea sometido a juicio político. Aseguró que el caso responde a una trama de corrupción y mal desempeño de las funciones, aunque descartó que exista una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.
Tras el intento de renuncia por parte del presidente Santiago Peña en Paraguay, opinó en Mañana Sylvestre el senador paraguayo del Partido Liberal, Eduardo Nakayama, quien reclamó la salida del mandatario luego de un juicio político, en medio del escándalo financiero que involucra a la entidad bancaria Ueno Bank, vinculada a su entorno.
En diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, sostuvo que la renuncia presidencial no debía ser aceptada porque el jefe de Estado tiene que responder políticamente por lo sucedido y enfrentar las consecuencias institucionales de sus decisiones.
“Definitivamente el presidente Peña se tiene que ir”, afirmó Nakayama. Y explicó el sentido del rechazo parlamentario a la dimisión del mandatario: “No se va a ir por la puerta grande renunciando. Va a ser sometido a juicio político y va a ser condenado políticamente y sus antecedentes van a ser remitidos a la justicia ordinaria”.
El legislador consideró que la situación del país debe analizarse diferenciando el escándalo de la entidad financiera de una eventual crisis generalizada del sistema bancario. En ese sentido, buscó llevar tranquilidad respecto de los ahorristas y explicó los mecanismos previstos para recuperar los depósitos.
Los fondos de los jubilados, en el centro del escándalo
Durante la entrevista, Nakayama señaló que el problema se concentra en una entidad bancaria que tenía una estrecha vinculación con el presidente Santiago Peña y que había concentrado una parte importante de los depósitos públicos y de los fondos previsionales.
“Estamos hablando de aproximadamente 850 millones de dólares”, precisó al referirse al conjunto de los recursos comprometidos. De ese monto, explicó que unos 350 millones de dólares corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que el resto pertenece a otras cajas jubilatorias y a distintas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas.
El senador advirtió que la situación de esos fondos es particularmente delicada porque su recuperación dependerá de la liquidación de la entidad financiera.
En cambio, sostuvo que los ahorristas particulares cuentan con un mecanismo de protección establecido por la legislación paraguaya. “Tenemos una ley desde el año 2003, que es la Ley de Fondo de Garantía de Depósitos, que busca de alguna manera cubrir los depósitos de los ahorristas”, explicó.
Según detalló, el esquema contemplaba que el 80% de los ahorristas del banco recuperara su dinero desde ese día y que, en un plazo de diez días, la cobertura alcanzara al 97%.
De todos modos, remarcó que esa solución no resuelve el problema de los fondos previsionales y públicos comprometidos, cuyo volumen representa una preocupación central para el sistema jubilatorio paraguayo.
“No es una crisis financiera generalizada”
Nakayama insistió en que el derrumbe de la entidad bancaria no debía interpretarse como una crisis que afectara a todo el sistema financiero del país.
“No podemos hablar de una crisis financiera generalizada. Estamos hablando de un problema particular, muy bien focalizado e identificado con una entidad bancaria y que no ha sido contagiado al resto del sistema financiero”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que el episodio generó una fuerte sorpresa, especialmente porque la entidad había logrado realizar meses atrás una emisión de deuda en Nueva York por más de 300 millones de dólares.
“¿Cómo hizo una emisión de más de 300 millones de dólares si es que estaba tan mal?”, se preguntó el senador, quien también apuntó a las responsabilidades de las calificadoras de riesgo y de los organismos de control.
En particular, cuestionó el desempeño del Banco Central del Paraguay, al que atribuyó una responsabilidad institucional por haber sido depositario de la confianza de la ciudadanía y no haber advertido oportunamente la situación.
Corrupción y responsabilidad política de Santiago Peña
Consultado por Sylvestre sobre si el escándalo podía representar una señal de agotamiento del modelo económico aplicado en Paraguay y otros países de orientación neoliberal, Nakayama descartó esa interpretación y centró sus cuestionamientos en la corrupción y la responsabilidad de los funcionarios.
“Para mí esto no pasa de ninguna manera por el modelo económico, sino por una situación de corrupción”, respondió.
Y profundizó su acusación contra el presidente: “Es un problema de corrupción, pero sobre todo de mal desempeño en las funciones, porque el presidente de la República es el responsable político y es el encargado de saber lo que pasa con los fondos previsionales”.
En ese sentido, recordó que tanto el titular del Instituto de Previsión Social como las autoridades del Banco Central forman parte de una estructura institucional sobre la cual el Poder Ejecutivo tiene responsabilidades de conducción y supervisión.
Para el senador, la responsabilidad presidencial no puede quedar al margen de lo sucedido, aun cuando las operaciones financieras hayan sido ejecutadas por directivos y funcionarios de la entidad.
