El diputado reclamó que la Auditoría General de la Nación revise la operación y cuestionó el precio de venta de la empresa de agua y saneamiento. Advirtió sobre posibles conflictos de intereses entre los compradores y sus proveedores, alertó por futuros aumentos tarifarios y sostuvo que el Estado podría haber conservado el control estratégico de la compañía.
El diputado nacional por Unión por la Patria y ex titular de Aduanas Guillermo Michel cuestionó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y reclamó una auditoría integral para revisar las condiciones de la operación, el precio de venta y los posibles conflictos de intereses entre las empresas que integran el consorcio adjudicatario.
Días atrás se cerró el proceso de privatización de la empresa estatal donde se adjudicó el 90% de la compañía por un valor de US$390 millones. La adjudicación recayó en las empresas Rowing, Arcos, PHX Agua y Transclor.
En diálogo con Gustavo Sylvestre en Mañana Sylvestre, por Radio 10, el legislador sostuvo que la compañía fue vendida por un valor que no refleja su capacidad económica y advirtió sobre las consecuencias que la transferencia podría tener para los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento.
El diputado explicó que presentó una propuesta para solicitar a la Auditoría General de la Nación (AGN) una revisión integral del proceso. Según planteó, no alcanza con examinar los pasos administrativos de la operación: también es necesario analizar su dimensión económica, financiera y contractual.
Uno de los principales argumentos de Michel fue la diferencia entre el valor por el que, según sus declaraciones, se vendió la compañía y su capacidad para generar ganancias.
“Hay dos formas, básicamente. La primera es ver las utilidades futuras de la compañía, en función a la actividad que tiene por año”, explicó al describir los criterios utilizados habitualmente para valuar una empresa.
En ese sentido, señaló que una metodología consiste en tomar la utilidad operativa y multiplicarla por un factor que puede variar según las características del negocio y sus perspectivas.
El legislador afirmó que AySA obtuvo una ganancia operativa de 276 millones de dólares durante el año anterior al que hacía referencia la entrevista.
Michel también recurrió a la cantidad de usuarios para dimensionar el valor de la transacción. Según indicó, AySA cuenta con aproximadamente cuatro millones de usuarios directos y una facturación promedio de 35 dólares por usuario, cifras que utilizó para cuestionar el precio pagado por la compañía.
El diputado sostuvo que, de acuerdo con sus cálculos, el monto de la operación equivaldría a apenas unos meses de facturación, mientras que la concesión se extendería durante décadas.
“Es decir, que en 360 meses, por tres meses de facturación, pagan el costo de la privatización”, afirmó.
Y fue categórico al evaluar la operación: “No resisten ningún análisis técnico, en ningún punto de vista”.
La advertencia por los conflictos de intereses
Otro de los puntos centrales de la denuncia estuvo relacionado con la composición del consorcio comprador y sus vínculos comerciales con la compañía.
Michel advirtió que, según su planteo, dentro del grupo adjudicatario hay empresas que también proveen insumos y servicios necesarios para el funcionamiento de AySA y para la ejecución de sus obras de infraestructura.
El legislador consideró que esa situación requiere un examen específico para determinar cómo se establecerán los precios de los materiales, las contrataciones y los trabajos de ingeniería una vez concretada la transferencia.
“¿A un valor que les sirva a AySA o a un valor que les sirva a sus empresas privadas, de las cuales son accionistas?”, cuestionó.
Para Michel, la coexistencia de intereses comerciales dentro de una misma estructura empresarial obliga a reforzar los controles y a garantizar que las decisiones de contratación se adopten en condiciones transparentes y competitivas.
En ese marco, reclamó que los organismos de control investiguen las condiciones de la operación y determinen si existieron irregularidades. La transcripción menciona actuaciones ante organismos administrativos y de investigación, aunque no permite identificar con suficiente precisión todos los expedientes ni su estado procesal.
El agua como servicio esencial y el temor a los aumentos
Michel también advirtió sobre el impacto que la privatización podría tener en los hogares, especialmente ante eventuales incrementos tarifarios y mayores dificultades para afrontar las facturas.
El diputado sostuvo que el agua no puede analizarse exclusivamente como una mercancía o una inversión financiera, debido a su carácter esencial para la vida cotidiana y la salud pública.
Durante la entrevista, puso el foco en los problemas que podrían enfrentar los vecinos ante cortes del servicio por falta de pago y cuestionó quién respondería ante los reclamos si la administración quedara en manos de un grupo privado.
La preocupación se vincula, además, con la posibilidad de que se autoricen aumentos tarifarios antes de completar el traspaso de la concesión. Michel cuestionó esa perspectiva y reclamó que las decisiones sobre las tarifas y los planes de inversión sean sometidas a controles efectivos.
La alternativa que propuso para mantener el control estatal
Como alternativa a la transferencia del control de la empresa, Michel planteó que el Estado podría haber conservado una participación mayoritaria y, al mismo tiempo, habilitado la incorporación de capital privado.
En particular, cuestionó que no se hubiera optado por un esquema que permitiera preservar el control sobre las decisiones estratégicas de AySA.
“Había una salida”, insistió, al explicar que el Gobierno podría haber mantenido el 51% de las acciones y habilitado la colocación del porcentaje restante en el mercado, bajo condiciones transparentes.
Según su propuesta, esa participación estatal permitiría conservar capacidad de decisión sobre cuestiones centrales como las tarifas, la calidad del servicio y el plan de obras.
El planteo apunta a un modelo en el que el Estado mantenga el control de un servicio esencial, incluso si incorpora inversores privados para financiar proyectos y mejorar la infraestructura.
