El diputado de la Ciudad destacó la aprobación de una ley que establece controles y sanciones para las agencias de cobranza extrajudicial. Advirtió sobre las prácticas de hostigamiento y extorsión emocional contra personas endeudadas y recordó el caso de Camila, la joven que se quitó la vida tras recibir mensajes intimidatorios dirigidos a su familia.
El legislador porteño Leandro Santoro destacó la aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de una ley destinada a regular la actividad de las agencias de cobranza extrajudicial y poner límites a las prácticas de hostigamiento contra personas endeudadas.
En diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, Santoro explicó los alcances de la iniciativa y advirtió sobre la gravedad de los métodos utilizados por algunas empresas para reclamar deudas, que incluyen amenazas, llamadas reiteradas y mensajes intimidatorios a familiares de los supuestos deudores.
“Las agencias de cobranza extrajudiciales van a tener que tener una habilitación y, donde incumplan la ley, se la puede sacar el Gobierno de la Ciudad y les va a tener que impedir trabajar”, explicó. Además, precisó que ninguna empresa, banco o comercio podrá vender deuda a una agencia que no esté debidamente habilitada.
Otro de los puntos centrales de la normativa establece que los bancos, las casas de electrodomésticos y las agencias de cobranza deberán contar con un abogado responsable, cuya matrícula profesional quedará comprometida ante eventuales incumplimientos.
“Si se zarpan como se están zarpando hasta ahora, pongan su licencia en juego, su matrícula en juego”, señaló Santoro, quien también mencionó la intervención del Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
La ley contempla sanciones para prácticas como llamar varias veces por día a una persona, hacerse pasar por agentes judiciales o enviar falsas cartas documento y cédulas de notificación para generar temor en los destinatarios.
El caso de Camila y la extorsión a las familias
Durante la entrevista, Santoro recordó el caso de Camila, la joven que se quitó la vida luego de sufrir una situación de hostigamiento vinculada con una deuda. El legislador describió cómo las agencias llegaron a contactar a su madre para intimidar a toda la familia.
“Le mandan un mensaje diciéndole que su hija tenía una deuda, la madre no sabía y después le mandan otro mensaje diciéndole que le van a embargar el auto al padre y que le van a sacar la pensión por discapacidad a la otra hermana”, relató.
Según explicó, la madre recibió esos mensajes y se los reenvió a Camila para preguntarle qué estaba sucediendo. Una hora después, la joven se quitó la vida.
Santoro sostuvo que el caso permite comprender los mecanismos de presión utilizados por algunas agencias: “Hicieron un trabajo de inteligencia. Buscaron el teléfono de la madre, buscaron a ver qué bienes tenía el padre de Camila y se comunicaron con la madre para decirle porque era la persona más vulnerable”.
El legislador también advirtió que estas situaciones son más frecuentes de lo que se conoce públicamente. Contó que, durante las reuniones realizadas en la Legislatura, escuchó testimonios de más de 160 personas y que, según su relato, al menos un 10% manifestó haber tenido pensamientos suicidas como consecuencia de las situaciones de hostigamiento.
“Es la extorsión emocional. Aprietan psicológicamente a la gente. ¿Con qué intención? Con la intención de que la gente saque un crédito para pagar otro crédito”, afirmó.
Créditos digitales y exposición de los contactos personales
Santoro también alertó sobre los mecanismos de algunas billeteras virtuales que, según explicó, obtienen acceso a los contactos del teléfono celular cuando los usuarios aceptan determinadas condiciones al solicitar un préstamo.
“Cuando tomás un crédito en una billetera virtual y ponés doble clic para aceptar las condiciones, la gente no lo lee y las billeteras virtuales se quedan con todos tus contactos del teléfono celular de WhatsApp”, explicó.
Y agregó que, ante la falta de pago, algunas empresas utilizan esos datos para enviar mensajes a los contactos del deudor y exponer públicamente la situación.
La nueva legislación también busca poner límites a estas prácticas, que Santoro consideró parte de una modalidad de cobranza que se ha vuelto más agresiva con el avance de la tecnología.
El apoyo a la nueva ley
El legislador destacó que la iniciativa consiguió el acompañamiento de fuerzas políticas de distintos sectores, desde La Libertad Avanza hasta el Frente de Izquierda.
“Es muy raro lo que te voy a decir. La votaron desde La Libertad Avanza hasta el FIT”, señaló, al remarcar que el problema atraviesa distintos espacios políticos y afecta a numerosos sectores de la sociedad.
También recordó que, durante las reuniones de la Comisión de Defensa del Consumidor, recibió testimonios de legisladores que atravesaban situaciones similares en sus propias familias.
En cuanto a la implementación, explicó que el Gobierno porteño tendrá que reglamentar la ley y poner en funcionamiento el sistema de habilitaciones. Según indicó, el plazo previsto para reglamentarla es de aproximadamente 40 días, aunque mencionó que el plazo podría extenderse hasta 60 días.
“Lo que me interesa es que no haya más camino”, sostuvo, al referirse a la necesidad de que la normativa se traduzca en medidas concretas.
Finalmente, Santoro vinculó el crecimiento de estas prácticas con el deterioro de las condiciones económicas de muchas familias.
