En su paso por los micrófonos de Mañana Sylvestre, por AM1030 Radio Del Plata, el Dr. Enrique Viana, fiscal civil de Montevideo denunció la existencia de contratos de inversión que “suponen condicionamientos a la voluntad soberana de nuestro Estado que queda a merced de las imposiciones, los privilegios y las prebendas» de estas grandes empresas”, y cuestionó la falta de información acerca de los resultados de los análisis sobre la posible contaminación del Río Uruguay.
“Lo que está pesando son otros tipos de convenios internacionales, que están vinculados a los tratados y los contratos de inversión que suponen condicionamientos a la voluntad soberana de nuestro Estado que queda a merced de las imposiciones, los privilegios y las prebendas que estas grandes empresas y corporaciones imponen a través de esos negociados”, sostuvo el Dr. Enrique Viana, fiscal civil de la ciudad de Montevideo, en Uruguay.
“Hoy, Uruguay está condicionado a la voluntad de Botnia y de Montes de Plata (otra pastera instalada en el departamento de Colonia). Porque hay tratados de inversión, como el firmado con Finlandia. Y encima en estos días nos hemos enterado, aunque no pudimos todavía confirmar la noticia, de que habría un contrato de inversión con Botnia. En 2011 supimos que se firmó un contrato de inversión con Montes de Plata, que incluso tenía una cláusula de confidencialidad. Luego de la intervención de la fiscalía esta cláusula se dejó sin efecto, y pudimos conocer en qué consiste este contrato de inversión. Pero podríamos suponer que existiría algo parecido antes con Botnia”, refirió el funcionario judicial uruguayo.
Sobre los contenidos de este eventual contrato firmado entre el Estado uruguayo y Botnia, Viana dijo que “no sabemos qué diría esa letra chica, porque aún no conocemos la letra grande. Si uno hace una analogía con ese contrato que sí conocemos como es el de Montes de Plata, podemos atisbar que un contrato de esas características obliga al Estado uruguayo a no poner frenos a los aumentos de producción”.
“Hay una cláusula mucho más grave, la cláusula que se llama de congelamiento del derecho, por la cual el Estado uruguayo si legisla contra los intereses económicos de la empresa, tiene obligación de indemnizar a la empresa, y si no la indemniza Uruguay sería demandado ante un organismo como el CIADI por incumplimiento”, precisó Viana, quien aclaró que la pastera podría imponer un resarcimiento al Estado oriental.
“Con estos mecanismos hemos regresado, e incluyo a Argentina y otros países, al viejo feudalismo que negocian con los Estados o gobiernos como si fueran otros señores feudales”, expresó y volvió a sostener que estas corporaciones funcionan como verdaderos Estados dentro de un Estado. “Ahí está el por qué estos acuerdos se dan en forma secreta, porque realmente hay algo que avergüenza y que no quiere mostrarse. Porque estos contratos suponen sesiones de soberanía”, cuestionó.
La falta de información
En relación a la ausencia de datos acerca del resultado de informes medioambientales, en Radio Del Plata, Viana explicó que “ hemos reclamado judicialmente la información CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), y ni siquiera nos ha contestado, y la continuidad del litigio que tenemos hoy planteado gira alrededor de esta negativa, de mutis absoluto. En Argentina dicen que Uruguay no quiere dar la información, y en Uruguay dicen lo contrario. Yo he llegado a la conclusión de que la verdad quizá esté en la sumatoria, porque ninguno de los dos quiere dar la información”.
«Si por un contrato el Estado se vuelve socio de un emprendimiento, difícilmente se puede ejercer la función de policía con objetividad y confiabilidad«, deslizó.
Audio completo de la entrevista
Miércolesc 2 octubre de 2013
