“Hoy tenemos registrados 6.400 villas o barrios populares donde viven más de cinco millones de personas”, explicó Carrara, al repasar el trabajo realizado a partir del Registro Nacional de Barrios Populares, impulsado desde 2016 por organizaciones sociales, movimientos populares y Cáritas. “Los relevadores fueron los propios vecinos y vecinas de los barrios”, subrayó.
El titular de Cáritas recordó que ese relevamiento derivó en leyes votadas con amplísimo consenso político, tanto en 2018 como en 2022, que frenaban desalojos y habilitaban un proceso de integración urbana. “En la última votación solo hubo un voto negativo en el Senado y tres en Diputados. Había acuerdo entre radicales, peronistas, el PRO y otros espacios de que el Estado tenía que intervenir con una presencia inteligente”, remarcó.
Carrara detalló que el Fondo de Integración Socio-Urbana permitió avanzar en obras básicas: “Agua potable, electricidad segura, asfalto, escuelas, centros culturales y deportivos. Cosas elementales para que las personas vivan con dignidad”. Además, destacó que los proyectos generaban empleo local: “Las empresas debían contratar al menos un 25% de trabajadores del propio barrio, lo que daba protagonismo a los vecinos”.
En ese sentido, defendió el rol de la Secretaría de Integración Socio-Urbana como brazo ejecutor de una política pública “auditada por universidades y por el BID”. Incluso recordó que funcionarios del actual gobierno reconocieron que no encontraron hechos de corrupción. “Las obras existían y se llevaban adelante”, afirmó, y relató su experiencia recorriendo barrios de La Plata donde los trabajos quedaron paralizados pese a estar muy avanzados.
Estado y narcocriminalidad
Consultado sobre el retiro del Estado, Carrara fue contundente: “Necesitamos recuperar una sensibilidad humana básica. Estamos hablando de dos millones de chicos que necesitan agua potable y electricidad segura”. Y advirtió sobre las consecuencias sociales: “Cuando el Estado se retira, avanza la narcocriminalidad. Eso no queda encerrado en los barrios, termina afectando a toda la sociedad”.
El arzobispo también se refirió al programa Mi Pieza, orientado a mejorar las condiciones habitacionales de familias hacinadas. “Que los chicos tengan su propio espacio para estudiar no es un lujo, es una necesidad básica”, señaló.
Finalmente, Carrara confirmó que, pese a algunas reuniones con el Gobierno, las respuestas fueron mínimas. “De cien obras, avanzaban tres, por goteo. Ahora, con el desmantelamiento de la secretaría, ni siquiera eso va a poder sostenerse”, concluyó.
