Ante el colapso de las rutas nacionales que cruzan el sur de la provincia, la senadora provincial Leticia Di Gregorio presentó un amparo en la Justicia Federal que derivó en una resolución inédita: el Poder Judicial intimó a Vialidad Nacional a realizar tareas urgentes de mantenimiento en los tramos más críticos de las rutas 7, 8 y 33, fundamentales para la producción y el transporte.
“Ya no sabíamos cómo pedirlo: notas, reuniones, llamados… nada funcionó. Por eso acudimos a la Justicia”, explicó Di Gregorio en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10. La legisladora representa al departamento General López, al sur de Santa Fe, una zona atravesada por tres rutas nacionales por donde circulan más de 20.000 camiones por día en plena época de cosecha.
Según denunció, las rutas están en un estado de deterioro extremo, sin mantenimiento, sin señalización, con banquinas abandonadas y baches que se multiplican. “No estamos pidiendo una autopista nueva, ni obra pública. Solo pedimos lo que corresponde: mantenimiento básico. Esto es una obligación del Estado nacional”, remarcó.
La Justicia dio lugar al planteo y ordenó a Vialidad Nacional realizar tareas de bacheo urgente en los tramos más peligrosos. A pesar del fallo, hasta el momento las obras no han comenzado con la velocidad necesaria. “En la ruta 7 hay algo de movimiento, pero ya eran trabajos en curso. En la 33 nos dicen que están comprando materiales, y en la 8 se tiran la pelota entre Vialidad y Corredores Viales S.A.”, advirtió la senadora.
Esta última empresa, según explicó, está conformada en un 100% por el Estado, aunque opera bajo una figura privada. “Es insólito que no se sepa quién debe responder cuando todo pertenece al mismo Estado”, criticó.
Di Gregorio también expuso el riesgo cotidiano que implica este abandono. “Nosotros usamos estas rutas para ir a trabajar, a estudiar, a vivir. No son caminos turísticos. Son tramos productivos y esenciales para el país. Pero desde Buenos Aires no lo ven. Y mientras tanto, los accidentes siguen y la gente muere”.
La legisladora confía en que la Justicia siga presionando para que las obras se concreten: “No queremos llegar al punto en que una comuna tenga que pagar los arreglos con su propio presupuesto, como ya ocurrió en otra localidad. El Estado nacional tiene que hacerse cargo”.
