El ex diputado nacional y referente del Instituto Consenso Federal analizó en Mañana Sylvestre lo que dejó el retiro de la Ley Ómnibus del tratamiento parlamentario luego de que se cayeran artículos que el gobierno consideraba claves como las privatizaciones y las facultades delegadas.
«El funcionario de máxima responsabilidad que lleva las relaciones con el Congreso es el jefe de Gabinete y no el ministro del Interior, evidentemente aquí hay una combinación de desconocimientos pero la ley estaba terminada cuando había un dictamen de 55 firmas, 34 en disidencia», planteó en Radio 10 el ex diputado nacional Alejandro «Topo» Rodríguez sobre la primera derrota legislativa del gobierno de Javier Milei, tras el retiro de la Ley Ómnibus y su vuelta a comisión.
«El problema es la génesis del proyecto porque no puede ningún gobierno democrático aprobar una megaley que quiere transformar la nación cuando solo tiene el 10% del Senado y el 15% de Diputados», dijo.
Y lanzó una bomba: «Christian Ritondo será el próximo presidente de Cämara de Diputados, lo dijo ayer la oficina del Presidente. Una alternativa para el gobierno es componer una coalición de gobierno con presencia en el ejecutivo y la formación de un interbloque en la Cámara de Diputados dándole la presidencia a Ritondo».
«Una derrota legislativa es algo esperable en democracia, lo que no es esperable es redoblar el conflicto y la violencia, porque hay mensajes de violencia desde el máximo poder político de la Argentina. Es el peor de los caminos, porque en lugar de ir al reconocimiento de la realidad y recomponer equilibrios, puede ir a redoblar la apuesta», planteó el ex legislador y referente del justicialismo.
«Una consulta popular sería no vinculante y no es obligatoria al ciudadano, y podría ser un 50% a 50%, no está en condiciones de ganar ninguna consulta popular», refirió.
Además, aseguró que el gobierno «tomó decisiones rápidas en los primeros días sin tener necesidad de pasar por el Gobierno y el primero es que reprogramó el presupuesto 2023 para 2024, es decir que va a tener recaudación con una inflación acumulada del 200%, pero gasto a precio viejo, y eso no son menos de US$35.000 millones de ajuste sin trámite parlamentario. El otro es el que aumentó el Impuesto País de 7,5% a 17,5%, y va todo para el Estado nacional. Consecuencia de esto y de la devaluación, la recaudación del Impuesto País creció 1252% su recaudación, recauda $500.000 millones al año».
