El próximo miércoles la Cámara de Diputados debatirá un proyecto clave para declarar la emergencia en discapacidad, en un contexto alarmante de recortes, precarización y maltrato estatal hacia personas con discapacidad, sus familias y trabajadores del sector. Así lo confirmó el diputado nacional por Unión por la Patria en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, donde describió con crudeza el deterioro extremo que atraviesa este colectivo social.
“Una persona que trabaja en un taller protegido cobra 28 mil pesos por mes. Un transportista recibe $541 por litro de nafta cuando cuesta más de $1.300. Y las asistentes que acompañan alumnos con discapacidad cobran $3.000 la hora… seis meses después”, relató Daniel Arroyo en Radio 10, al graficar el colapso total del sistema de atención. Los centros de día y hogares están al borde del cierre, acumulando deudas con la AFIP y recurriendo a rifas y ferias para sobrevivir. Arroyo detalló que el Estado prometió aguantar hasta el 30 de junio, “y después vemos”, en lo que describió como una situación catastrófica.
El diputado cuestionó duramente el enfoque del gobierno nacional respecto a las pensiones por discapacidad aunque consideró necesario auditar, denunció que se está haciendo «de forma desastrosa», con el envío masivo de 300.000 cartas documento que generan caos, filas interminables y situaciones absurdas, como personas ciegas de nacimiento obligadas a repetir estudios para renovar beneficios.
“Hay un estado de desesperación y maltrato. Hay crueldad e ignorancia. Y encima mandan WhatsApps pidiendo datos personales, algo que cualquiera diría que es una estafa. Pero lo hace el Estado”, alertó.
Recordó que en enero el gobierno firmó una resolución que utilizaba términos como “idiota” o “imbécil” para referirse a personas con discapacidad, una norma que retrocedía un siglo en materia de derechos. Aunque fue modificada en mayo, el daño ya estaba hecho.
La ley de emergencia: ¿qué propone?
El proyecto impulsado por Arroyo tiene tres ejes: por un lado busca una recomposición urgente de aranceles: actualiza valores tomando como base diciembre de 2023, previo a la devaluación.Además plantea la creación de un nuevo nomenclador: para garantizar que los prestadores cobren lo que corresponde (ejemplo: cubrir el precio real del litro de nafta) y un reordenamiento de las pensiones: con auditorías serias y humanas, sin castigar ni generar caos en las familias.
“Una madre que tiene un hijo con discapacidad sabe que su vida cambia para siempre. Lo único que el Estado no puede hacer es lastimar. Y eso es lo que está haciendo”, remarcó
Los números en Diputados
Según Arroyo, el dictamen ya fue aprobado en comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto y el proyecto cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, la izquierda, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, Innovación Federal, la Coalición Cívica y sectores del radicalismo. La expectativa es que este miércoles se logre el quórum necesario y la ley sea aprobada en Diputados. “De verdad cambia la situación. Reordena el nomenclador y mejora la vida de las personas con discapacidad”, concluyó.
