El abogado laboralista Gustavo Ciampa cuestionó con dureza la reglamentación de la denominada ley de modernización laboral y del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al considerar que constituye un mecanismo que afecta los recursos de la seguridad social, favorece a las empresas que despiden trabajadores y profundiza el debilitamiento de los derechos laborales y sindicales. En diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, aseguró que el nuevo esquema implica “el saqueo a los jubilados” y denunció una estrategia oficial orientada a fragmentar la representación gremial.
El letrado especialista en temas laborales, Gustavo Ciampa pasó por Mañana Sylvestre y sostuvo que el FAL representa un cambio estructural en el sistema laboral argentino y cuestionó el destino de los recursos involucrados.
“Con la ley de modernización y a través de este Fondo de Asistencia Laboral se implementa en la Argentina la timba con la plata de los jubilados”, afirmó.
Según explicó, el fondo desvía recursos originalmente destinados al sistema previsional para financiar los costos derivados de despidos sin causa.
“Se está tomando dinero de los jubilados y pensionados para subsidiar actos ilícitos de las empresas que despiden”, señaló.
El abogado remarcó que el despido sin causa no constituye un derecho empresarial sino un acto ilícito contemplado por la legislación laboral vigente. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno argumente restricciones presupuestarias para mejorar haberes previsionales mientras habilita mecanismos de asistencia a las compañías.
Además, advirtió que la administración de esos fondos quedará en manos de entidades privadas con fines de lucro.
“Si uno lee la reglamentación, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y vehículos de inversión colectiva son mencionados treinta veces. ¿Sabe cuántas veces se menciona el derecho de los trabajadores? Ninguna”, enfatizó.
“Han dejado a los trabajadores sin derechos”
Para Ciampa, las reformas impulsadas desde la sanción de la Ley Bases consolidan un proceso de reducción de garantías laborales.
“Entre la Ley Bases de 2024 y la mal autodenominada ley de modernización laboral dejaron a los trabajadores sin derecho”, sostuvo.
El especialista señaló que las nuevas reglamentaciones avanzan sobre las asociaciones sindicales, limitan su capacidad de negociación y afectan la representación de los trabajadores.
“Tienden a debilitar a los sindicatos en la negociación colectiva, a debilitarlos en el poder de conflicto y a desamparar a los dirigentes que representan a los trabajadores”, explicó.
Asimismo, recordó que la Constitución y los tratados internacionales obligan al Estado a fortalecer la libertad sindical y las organizaciones gremiales.
“Todas estas leyes van en sentido contrario. Tienen el efecto directo de debilitar a los sindicatos, debilitar la negociación colectiva y debilitar el accionar colectivo”, afirmó.
La polémica por los sindicatos de empresa
Uno de los aspectos más cuestionados por Ciampa fue el impulso a los sindicatos por empresa, un modelo que, según indicó, fragmenta la representación de los trabajadores.
“La ley y la reglamentación fomentan la fragmentación, la atomización sindical”, señaló.
El abogado sostuvo que la experiencia internacional demuestra que los sindicatos organizados por actividad poseen mayor fortaleza que aquellos limitados a una sola empresa.
Además, cuestionó recientes declaraciones oficiales orientadas a promover este tipo de organizaciones.
La política del Gobierno, lo dijo Patricia Bullrich hace poco ante empresarios: ‘Anímense, armen sus propios sindicatos’”, recordó.
Para Ciampa, la reglamentación facilita la conformación de los denominados “sindicatos amarillos” al permitir que sea la propia empresa quien certifique la cantidad de afiliados necesarios para obtener reconocimiento formal.
“Por un lado llaman a la empresa a constituir sindicatos amarillos y por otro dicen: tráiganme los papeles de ustedes y digan cuántos afiliados tienen”, denunció.
Impacto sobre las pymes y la negociación colectiva
El laboralista también alertó sobre las consecuencias que podría generar la prevalencia de convenios de empresa sobre los convenios de actividad.
“Esto perjudica a las pequeñas y medianas empresas”, advirtió.
Según explicó, las grandes compañías cuentan con mayor capacidad de negociación y podrían obtener condiciones más favorables, generando una competencia desigual dentro de cada sector económico.
“La negociación colectiva es un tema de poder. ¿Quién tiene más fortaleza para imponer su voluntad? Eso es el poder de conflicto”, señaló.
El derecho de huelga, bajo amenaza
Otro de los puntos centrales de sus críticas fue la regulación del derecho de huelga. Aunque reconoció que formalmente no ha sido eliminado, sostuvo que las nuevas disposiciones lo vuelven prácticamente impracticable.
“En la Argentina lo están casi prohibiendo. No lo prohíben porque está en la Constitución, pero se lo reglamenta de tal manera que se lo torna inoperativo”, afirmó.
Ciampa recordó que tanto la Constitución Nacional como organismos internacionales reconocen la huelga como una herramienta legítima de defensa de los intereses de los trabajadores.
“El derecho de huelga es un mecanismo de autotutela para hacer efectivas las reivindicaciones de los trabajadores”, explicó.
Cuestionamientos a la Justicia y a la CGT
Durante la entrevista, el abogado también apuntó contra decisiones judiciales que habilitaron la vigencia de la reforma laboral.
“Una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó que entrara en vigencia la ley de modernización laboral y aceptó que los conflictos laborales sean tratados por la justicia contencioso administrativa”, criticó.
No obstante, sostuvo que los reclamos continuarán en los tribunales a través de demandas individuales y colectivas.
“Cada afectado por esta ley tiene derecho a hacer un pleito y el Poder Judicial, en algún momento, va a empezar a reconocer estos derechos”, consideró.
Finalmente, Ciampa también cuestionó la estrategia de la conducción sindical frente al avance de la reforma.
“La CGT se dejó engañar por el convite del Gobierno mientras por derecha le metían una reforma intolerable, nunca vista antes en la República Argentina”, afirmó.
Y concluyó con una definición política sobre el escenario actual:
“Estoy convencido de que la solución general para esta situación es política, aunque mientras tanto habrá que seguir utilizando la herramienta judicial”.
