El ex vicepresidente de Bolivia conversó con Gustavo Sylvestre en Radio 10, y relató la experiencia positiva vivida en su país en la contención de los precios en los alimentos, a través de la ayuda sistemática a los pequeños productores.
“En Bolivia tuvimos dos tipos de problemas con los precios de los alimentos, uno era un boicot empresarial sobre todo en temas de carne de pollo y el aceite, y el otro era por problemas propios del mercado de subidas y bajadas de la producción en tomates y verduras. En cuanto al boicot empresarial, decidimos romper con la cadena empresarial, el Estado terminó interviniendo. Apoyamos a los pequeños empresarios, brindándoles créditos para que puedan seguir creciendo y de esa manera rompimos con el chantaje empresarial”, expresó en Mañana Sylvestre, el ex vicepresidente de Bolivia en tiempos de Evo Morales en el poder, Álvaro García Linera.
«El Estado debe intervenir para romper la cadena monopólica frente al mercado de los alimentos”, consignó.
En cuanto al trabajo hecho desde la gestión pública durante su paso por el gobierno, recorcó que “nos anticipábamos a la falta de oferta en ciertas situaciones como por ejemplo con el tomate, realizando una microeconomía, invirtiendo en recursos, apoyando con créditos al pequeño productor, creando centros de acopio. No se trata de sustituir al privado, sino de regularlo y controlarlo para que no haya una presión desde el punto de vista político”.
El dirigente progresista boliviano sostuvo que ese trabajo “funcionó”, y se logró una inflación promedio anual en torno al 3%, que aún sigue vigente.
La investigación sobre el tráfico de armas
Respecto a la causa judicial por el golpe de Estado en Bolivia, García Linera sostuvo que la Justicia boliviana, “sigue recolectando información y realizando la etapa de investigación”.
Y habló del apoyo brindado por el gobierno de Macri a los insurrectos. “Es una página oscura entre Bolivia y Argentina lo que sucedió en el Golpe de Estado, se debe esclarecer las responsabilidades”, puntualizó y aclaró que las penas podrían rondar los 15 a 20 años de prisión para los militares que tuvieron participación activa en el golpe.
