En una clase pública que coincidió con el fallo de la Corte Suprema sobre la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, dejó un mensaje tan jurídico como político. En Mañana Sylvestre el magistrado advirtió por las consecuencias que tendrá el fallo a nivel institucional y republicano, y aseguró que la sentencia «fue una exigencia del FMI».
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar trazó en Mañana Sylvestre el recorrido histórico y jurídico que culminó en la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner, a la que definió como una “pena humillante, infamante” y carente de sustento constitucional. “Es curioso ver que esta es una pena privativa del honor, fija y a perpetuidad”, advirtió, y explicó que ese tipo de sanción remite al concepto romano de muerte civil. Según el magistrado, su aplicación en este caso “fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional”.
La afirmación no fue menor. Slokar aseguró que la cláusula de inhabilitación especial perpetua que se aplicó a la expresidenta proviene de una reforma introducida en 2002, tras la derogación de la ley de subversión económica por imposición del FMI. “En mayo de 2002, en una de las sesiones más negras del Congreso, se derogó esa ley cumpliendo con las exigencias del Fondo”, recordó.
Pero el juez fue aún más lejos al trazar un vínculo directo entre aquella sesión parlamentaria y el actual fallo judicial. Slokar señaló que en ese empate en el Senado —que se resolvió con el voto doble del entonces presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda, hoy integrante de la Corte Suprema— Cristina Fernández votó en contra. “Ella advirtió entonces que esto llevaría a la impunidad y a la deslegitimación del Parlamento. De aquellos polvos, estos lodos”, sentenció.
El análisis también incluyó una fuerte crítica a la base jurídica de la condena por administración fraudulenta, por la que la expresidenta fue condenada a 6 años de prisión. “Ese delito fue consagrado por el ´Onganiato´ en 1967, a través de un decreto-ley de facto que copió el código penal del régimen nazi alemán”, afirmó Slokar, y explicó que el tipo penal en cuestión exige una “infidelidad” que debe estar acompañada de un perjuicio concreto y dolo. “Hay que tener cuidado con las intervenciones judiciales si no se atienden estas circunstancias que preceden a las normas”, dijo.
Consultado sobre la celeridad del fallo de la Corte, el juez reconoció su extrañeza: “46 días hábiles y en medio de un proceso electoral… no es muy usual”, afirmó. Y remarcó una advertencia central: “La intervención judicial en procesos electorales no es neutra. Si se reemplaza el juicio del ciudadano, que es el soberano en democracia, por una sentencia judicial, hay una forma muy sutil, pero efectiva, de antidemocracia”. La referencia a otros casos de la región fue inevitable. Slokar recordó la proscripción de Lula Da Silva en 2018 y el daño irreparable que generó al resultado electoral brasileño. “En Brasil, el Superior Tribunal de Justicia tuvo el coraje de revisar dentro del marco constitucional. Aquí eso no ocurrió”, lamentó.
Más adelante, se recordó la decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de prohibirle el ingreso a la expresidenta por supuestos casos de corrupción, sin sentencia firme, algo que fue interpretado como parte de un mismo proceso de condicionamiento internacional. “Todo remite al deudicidio argentino, a esa hipoteca colonial que afecta el derecho al desarrollo”, afirmó Slokar.
La entrevista con Slokar dejó al descubierto las tensiones que atraviesan la relación entre el poder judicial, la política y los condicionamientos económicos internacionales. Pero también dejó un mensaje claro: una democracia sólida necesita controles preventivos, no castigos punitivos ex post facto. Como advirtió el magistrado: “Una democracia fuerte necesita controles antes, no castigos después”.
