En medio de un escenario económico cada vez más complejo, las instituciones que asisten a personas con discapacidad en Argentina atraviesan una crisis sin precedentes. En Mañana Sylvestre, la gerente general de DINAD (Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual en Caballito) expresó su preocupación por la situación caótica por la que atraviesan estas asociaciones sin fines de lucro.
«La situación es crítica, los costos superan los ingresos y no podemos regularlos nosotros», aseguró Adiana Salomone, responsable de DINAD (Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual en Caballito). En diálogo con Mañana Sylvestre, describió un panorama desolador producto de los ajustes económicos que afectan también a hogares y centros que brindan atención a personas con discapacidad.
«El principal desafío radica en que el gobierno decide el monto que pueden cobrar estas instituciones por los servicios que prestan, sin tomar en cuenta los costos reales de operación. El valor que se puede facturar como prestador lo decide el gobierno», explica Salomone, destacando que estos costos no cubren las necesidades básicas de las personas a las que asisten. Con salarios, cargas sociales, servicios públicos y alimentos que se disparan, las tarifas establecidas por el gobierno son insuficientes. «El costo operativo de tener una persona institucionalizada es de $2,700, pero el gobierno solo nos paga $1,900», detalla, subrayando la disparidad entre lo que realmente necesitan y lo que se les paga.
El ajuste económico, sumado a la falta de diálogo con las autoridades, pone en riesgo el cierre de más de 180 hogares en todo el país que asisten a casi 10,000 personas con discapacidad. La mayor parte de los trabajadores de estas instituciones son profesionales que brindan atención integral a los usuarios: médicos, psicólogos, y equipos técnicos que podrían quedar sin empleo en caso de cierre.
Un sistema frágil
Las instituciones sin fines de lucro, como DINAD, no tienen acceso a financiación bancaria y se ven obligadas a endeudarse con las cargas sociales para poder sostenerse. «Nos hemos tenido que endeudar, ya no hay margen para más. Si el gobierno no aumenta los aranceles, nos veremos obligados a cerrar», afirma Salomone. De hecho, los aumentos salariales acordados en paritarias no se reflejan en las tarifas que reciben las instituciones, que apenas subieron un 2.7% en el último tiempo, mientras que los sueldos de los empleados aumentaron un 20%.
A pesar de los esfuerzos de las entidades para hacerse escuchar, como presentaciones formales a la Agencia Nacional de Discapacidad y a los diputados, las respuestas han sido escasas. «No nos escuchan. Se presentan mails, se piden audiencias, pero el gobierno sigue sin darnos respuesta», explica la gerente de DINAD, con evidente frustración.