En diálogo con Sylvestre, el legislador nacional por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expresó su expectativa ante la sesión de la Cámara de Diputados convocada por la oposición para tratar el rechazo del DNU 70/2023 y llamó a los legisladores de los distintos bloques a garantizar el quórum. “Ojalá logremos los 129 y hagamos historia”, sostuvo en Radio 10.
El diputado destacó el acuerdo alcanzado entre distintos sectores opositores para impulsar el debate parlamentario y cuestionó la constitucionalidad del decreto firmado por el presidente Javier Milei. Además, remarcó la importancia de abordar la emergencia en discapacidad y la situación de miles de argentinos afectados por el sobreendeudamiento y la morosidad.
“Estamos a contrarreloj para tratar de abrir el recinto con 129 diputados”, explicó Ferraro, quien señaló que la oposición estaba apelando a legisladores de diferentes bloques provinciales para reunir el número necesario e iniciar la sesión.
En ese sentido, valoró el entendimiento entre los sectores que impulsaban el tratamiento del decreto y consideró que la jornada podía representar un momento decisivo para el Congreso.
Un DNU inconstitucional
Ferraro fundamentó el rechazo al DNU 70/2023 en lo que considera una vulneración de las atribuciones del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo nacional.
“Es un DNU inconstitucional que se arrogó facultades legislativas en el arranque del gobierno de Javier Milei”, afirmó durante la entrevista.
El diputado sostuvo que el Congreso debía intervenir para resolver la situación del decreto y recordó que el Senado ya había votado su rechazo. Según planteó, la falta de una definición de fondo por parte de la Corte Suprema no exime a los legisladores de cumplir con sus responsabilidades constitucionales.
“Nosotros estamos actuando en consecuencia a lo que manda la Constitución Nacional, a lo que manda la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia”, señaló.
En contraposición con las críticas del oficialismo a la oposición, Ferraro atribuyó al Gobierno la responsabilidad por la incertidumbre jurídica que, a su entender, genera la vigencia del decreto.
“La irresponsabilidad y la inseguridad jurídica la llevan al pie de la letra el propio Gobierno y el oficialismo en la Cámara de Diputados”, cuestionó.
Y agregó que el Poder Ejecutivo había tenido oportunidades para modificar su posición respecto del DNU durante el tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia.
Discapacidad, endeudamiento y universidades públicas
El legislador también destacó que la sesión contemplaba otros dos asuntos centrales: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la búsqueda de respuestas para las familias que atraviesan situaciones de endeudamiento excesivo.
“Tenemos otros dos temas importantes para tratar, que tienen que ver con la prórroga de emergencia en discapacidad y empezar a darle algunas respuestas a miles de argentinos que están sobreendeudados o que están con altas tasas de morosidad”, explicó.
Ferraro consideró que la jornada parlamentaria debía analizarse en un contexto más amplio de cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional, particularmente en materia educativa, científica y tecnológica.
En ese marco, vinculó la sesión con la quinta Marcha Federal Universitaria y expresó su expectativa de que la movilización tuviera una convocatoria contundente en todo el país.
El diputado sostuvo que la protesta debía manifestar el rechazo al decreto y a las políticas que, según su interpretación, afectan el funcionamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.
También cuestionó la intención del Gobierno de derogar las protecciones y regulaciones sobre las tierras, a las que definió como un recurso estratégico para la Argentina.
Un llamado a los bloques provinciales
Durante la entrevista, Ferraro hizo especial hincapié en la necesidad de que los diputados que todavía no habían definido su posición se sumaran a la sesión y permitieran iniciar el debate.
El legislador advirtió que la responsabilidad de reunir el quórum no podía recaer exclusivamente en los bloques que ya habían manifestado su rechazo al decreto.
“Estamos a contrarreloj trabajando para poder tener 129 diputados que no nos tiren el fardo a nosotros”, expresó.
En ese sentido, rechazó los argumentos que atribuyen a la oposición la responsabilidad por la inseguridad jurídica y volvió a señalar al Poder Ejecutivo como principal responsable de la situación.
La definición de los bloques provinciales resultaba clave para alcanzar el número requerido para abrir el recinto y habilitar la discusión de los proyectos previstos.
