La senadora boliviana advirtió sobre una posible injerencia de Estados Unidos en la Asamblea Legislativa y pidió investigar los movimientos que, según relató, observó en los pasillos del Parlamento. También cuestionó el tratamiento judicial del caso de Sebastián Marset y reclamó que se respete el debido proceso.
La senadora boliviana Ana Crispín denunció presuntas irregularidades en la Asamblea Legislativa de su país, donde aseguró haber observado movimientos sospechosos vinculados al uso de códigos QR y a la circulación de legisladores en un sector de acceso restringido. En diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, planteó sus sospechas sobre posibles pagos a parlamentarios y advirtió sobre una eventual injerencia de Estados Unidos en la política boliviana.
“Lo que hemos sospechado es el manejo del QR”, afirmó la legisladora al explicar los motivos de su denuncia. No obstante, aclaró que no había visto directamente a funcionarios extranjeros efectuar pagos, sino que sus sospechas surgieron de lo que observó en el recinto y de los antecedentes que mencionó durante la entrevista.
“Aquí está pasando algo”
Crispín relató que la situación se produjo cuando advirtió que había un espacio al que algunas personas no podían ingresar, mientras distintos diputados entraban y salían individualmente.
Según su testimonio, inicialmente había subido sin su teléfono celular y no le permitían ingresar al sector. Por ese motivo, regresó a buscarlo y volvió al lugar, donde decidió registrar lo que ocurría.
“Cuando pude percatarme de que había un espacio donde nadie podía entrar y que era prohibido el ingreso para algunas personas, pero entraban diputados y salían uno por uno, es ahí donde dije: ‘Aquí está pasando algo’”, relató.
La senadora sostuvo que, al ingresar, escuchó a una mujer decir: “A mí no me llega”. Esa expresión despertó sus sospechas sobre el posible uso de los códigos QR. Luego regresó a su banca, tomó su teléfono celular y volvió a transmitir en vivo.
“Yo vi los QR”, remarcó, al explicar por qué decidió cuestionar lo que estaba sucediendo. También señaló que posteriormente se habría argumentado que se trataba de un cambio de número, explicación que consideró insuficiente frente a las circunstancias que había observado.
Consultada por Sylvestre sobre la eventual participación estadounidense, Crispín aclaró que su señalamiento se apoyaba en las sospechas generadas por la situación, las listas que dijo haber observado y los antecedentes que, según indicó, ya habían circulado públicamente sobre presuntos pagos a legisladores.
La denuncia, por el momento, quedó planteada en los términos expuestos por la senadora durante la entrevista, sin que el diálogo aportara una verificación independiente de los supuestos pagos ni de la identidad de sus posibles responsables.
La preocupación por la injerencia de Estados Unidos
Durante la conversación, Crispín manifestó su preocupación por la presencia de personas vinculadas a la representación diplomática estadounidense y por la posibilidad de que existan acciones orientadas a identificar qué legisladores respaldan determinadas posiciones políticas.
“Definitivamente, la presencia de estas personas ha generado muchísima susceptibilidad en todo nuestro país, Bolivia, con respecto a la soberanía que deberíamos tener y la injerencia que se está cometiendo”, afirmó.
La legisladora sostuvo que considera necesario esclarecer qué actividades se desarrollan en los espacios parlamentarios y cuál es el propósito de esos contactos. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de cuestionamientos políticos sobre las relaciones entre el Gobierno boliviano y Estados Unidos.
El caso judicial y el reclamo por el debido proceso
Otro de los ejes de la entrevista fue la situación judicial de Sebastián Marset, cuyo caso, según la legisladora, continúa generando repercusiones en Bolivia. Crispín afirmó que existe información que debe investigarse y señaló que sigue de cerca las actuaciones de la Fiscalía.
La senadora también cuestionó la participación de organismos internacionales en el ámbito judicial boliviano y expresó inquietud por las decisiones adoptadas por las autoridades.
Al referirse a las actuaciones judiciales, insistió en que su postura no supone defender a una persona en particular, sino exigir el cumplimiento de las garantías constitucionales.
“Nosotros no defendemos a la persona, defendemos que se respete lo que señala la Constitución, los procedimientos, el debido proceso”, sostuvo.
Crispín rechazó, además, que los cuestionamientos a las decisiones oficiales sean descalificados mediante acusaciones políticas. Según señaló, cuando algunos legisladores expresan críticas al Gobierno, reciben calificativos destinados a desacreditar sus planteos.
“Si dices algo en contra del Gobierno, dices la verdad, te dicen masista”, afirmó, al describir lo que considera una práctica recurrente para restar credibilidad a las voces opositoras.
Hacia el final de la entrevista, la senadora aseguró que continuará impulsando el seguimiento de estos temas desde el Parlamento y defendió la necesidad de informar a la ciudadanía sobre lo que sucede en las instituciones bolivianas.
“Somos pocos senadores los que estamos tratando de llegar con la verdad, pero pocos. Y, aun así, vamos a seguir trabajando con miras a que no se pueda mentir a la sociedad”, concluyó.
