El legislador nacional por Unión por la Patria cuestionó la gestión de Javier Milei y reclamó rechazar el DNU 70/2023. Además, pidió modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia y reclamó información sobre posibles transferencias de tierras rurales durante el período en que estuvo suspendida la normativa que limita su adquisición.
“Estamos frente a un gobierno que es un desgobierno total, que es un caos desorganizado”, afirmó en Mañana Sylvestre el diputado nacional Sebastián Galmarini y sostuvo que la discusión parlamentaria sobre el DNU 70/2023 debía servir para identificar qué sectores de la oposición están dispuestos a enfrentarlo y cuáles terminan acompañando sus iniciativas.
En una jornada parlamentaria en la que estaba previsto debatir el decreto de desregulación económica, la emergencia en discapacidad y un proyecto para desendeudar a las familias argentinas, el legislador consideró que el Congreso debía dar una señal política clara frente a las medidas del Ejecutivo.
“Hoy es un gran día. Tenemos, no solamente la sesión, donde se van a tratar el DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y el proyecto para desendeudar a las familias argentinas, sino que además tenemos la marcha universitaria”, señaló.
Para Galmarini, la discusión también permitirá observar el posicionamiento de los bloques que, pese a haber sido elegidos con un discurso opositor, acompañaron iniciativas del oficialismo. “Por un lado, ver a qué juega cada uno”, planteó.
Críticas a los aliados del Gobierno
El diputado cuestionó los cambios de posición de legisladores radicales y de bloques provinciales en torno de la normativa vinculada con la propiedad privada y la ley de tierras. Según sostuvo, las idas y vueltas parlamentarias evidencian la falta de coordinación política del oficialismo y de sus aliados.
“Ayer los vimos retroceder en chancletas, un verdadero papelón”, expresó, al referirse a las modificaciones que, según describió, introdujeron diputados que habían acompañado al Gobierno.
En ese sentido, cuestionó la contradicción entre las posiciones que algunos legisladores habían sostenido anteriormente y las que adoptaron posteriormente. “Hace un año y medio decían que era una ley que era mala para la Argentina y ahora nos dicen que no estaba tan mal”, señaló.
Galmarini también advirtió sobre los compromisos políticos que, a su entender, el Ejecutivo no cumple y sobre la conducta de los sectores que lo respaldan en el Congreso.
“El Gobierno es un incumplidor serial, incumple los acuerdos políticos, incumple lo que dice, hace uno un tuit a favor, el otro en contra, viven en el mundo de la comunicación mientras los argentinos la pasan muy mal”, afirmó.
El legislador sostuvo que algunos dirigentes que acompañan al oficialismo terminan modificando sus posiciones en función de las negociaciones con la Casa Rosada. “Muchos de los que lo han acompañado terminan yendo a la cola de las posiciones del Gobierno, solo esperando alguna dádiva, alguna ayuda o para sus provincias o para su partido”, cuestionó.
El rechazo al DNU 70/2023
Galmarini calificó de inconstitucional el decreto de desregulación económica y reclamó que el Congreso avance con su rechazo. “Lo primero es que es abiertamente inconstitucional, no está en ninguno de los requisitos que plantea la Constitución”, argumentó.
El diputado planteó que la discusión no debería limitarse a la votación puntual del decreto, sino que también tendría que incluir una modificación del mecanismo legislativo que regula los DNU.
“Hay que voltear el decreto porque me parece que es lo que corresponde y que es lo que la Corte todavía no ha resuelto en todo este tiempo”, afirmó.
En paralelo, propuso modificar la Ley 26.122, que establece el régimen de trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia. Su iniciativa apunta a invertir el criterio vigente para que los decretos requieran la aprobación de ambas cámaras del Congreso para mantener su vigencia, en lugar de quedar rechazados únicamente si ambas cámaras se pronuncian en contra.
“Tenemos que cambiar la ley 26.122 de trámite legislativo de los DNU. (…) Ambas cámaras tienen que aprobarlo para que ese decreto tenga vigencia”, explicó.
Para el legislador, la modificación resulta necesaria para evitar que el Poder Ejecutivo continúe ejerciendo facultades legislativas mediante decretos que, según su interpretación, deberían tener un control parlamentario más estricto.
“Si nosotros seguimos con una norma de esas características, nos vamos a tener que someter a estas locuras de Milei sistemáticamente”, advirtió.
Y agregó: “Hay que trabajar las dos cosas: por un lado, voltear el DNU 70/2023, pero además tenemos que trabajar sobre las cuestiones de fondo, porque si no estamos sometidos a que la semana que viene volvamos al mismo punto”.
La ley de tierras y la posible transferencia de propiedades rurales
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el pedido de informes impulsado por Galmarini para conocer si se registraron operaciones de transferencia de grandes extensiones de tierras rurales durante el período en que se produjeron decisiones judiciales que afectaron la vigencia de las restricciones establecidas por la ley de tierras.
El diputado explicó que solicitó información a los organismos correspondientes para determinar si se inscribieron operaciones inmobiliarias durante esa ventana temporal.
“Lo que nosotros estábamos pidiendo es que nos informen si hubo efectivamente inscripción de transferencia de grandes extensiones de tierra, si el registro de la propiedad rural siguió funcionando y cuántas extensiones, dónde y cómo se llevaron adelante”, detalló.
Galmarini advirtió que podrían existir boletos de compraventa pendientes de inscripción que se hubieran presentado para formalizar operaciones durante ese período. Sin embargo, la entrevista no aportó pruebas concluyentes de que esas transferencias se hayan concretado.
“Es muy probable que haya muchos boletos de transferencia de propiedad que estén esperando esa ventana de tiempo para ir a inscribirlos”, señaló.
El planteo se vincula con la preocupación por la protección de áreas estratégicas del territorio nacional, especialmente las ubicadas en zonas de frontera y aquellas que contienen recursos naturales de importancia económica y ambiental.
En ese marco, mencionó los lagos, los ríos, los salares de la Puna y el acuífero Guaraní como recursos que requieren especial atención por su relevancia para la seguridad y la soberanía del país.
“Hay tierras de frontera muy importantes para nuestra seguridad, lagos, ríos, los salares de la Puna, el acuífero Guaraní, zonas que son muy importantes para el desarrollo y para la soberanía de nuestro país que creemos que hay que cuidar”, sostuvo.
