El especialista en Atlántico Sur y pesca advirtió que el Gobierno relegó durante años la cuestión pesquera y sostuvo que la explotación de recursos en Malvinas provoca pérdidas de unos US$1.000 millones anuales para la Argentina. También cuestionó los acuerdos con Uruguay y Chile que facilitan la operatoria de buques vinculados a la explotación pesquera en las islas.
El titular del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana César Lerena cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y consideró que la decisión de avanzar con sanciones vinculadas a la explotación de recursos responde más a la relación del Presidente con Donald Trump que a una estrategia nacional de recuperación del archipiélago.
En diálogo con Pablo Ladaga en Mañana Sylvestre por Radio 10, Lerena sostuvo que la pesca fue deliberadamente relegada por el Gobierno y destacó la magnitud económica de los recursos que, según estimó, son explotados desde Malvinas desde hace décadas.
“El proyecto de presionar a Malvinas con el tema del petróleo es una respuesta más al apoyo a Donald Trump que a una política argentina”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó el rumbo adoptado por la administración de Milei desde su llegada al poder: “Este gobierno desde que inició su mandato hizo todo lo contrario para recuperar Malvinas”.
La pesca y los recursos que se pierden
Para Lerena, el problema pesquero tiene una importancia estratégica que excede incluso a la cuestión petrolera en el corto plazo.
“El tema pesca era un tema menor para ellos, pero es hoy muchísimo más importante que la cuestión petrolera”, señaló, aunque advirtió que la explotación de hidrocarburos podría generar un cambio de enorme magnitud a partir de 2028.
Según explicó, la explotación pesquera alrededor de las islas lleva décadas y representa una pérdida millonaria para el país.
“Hace 50 años que Malvinas está explotando los recursos pesqueros argentinos”, sostuvo Lerena, y estimó que durante ese período se llevaron alrededor de US$50.000 millones en recursos pesqueros.
El especialista calculó además que actualmente se extraen unas 250.000 toneladas anuales, con un valor aproximado de US$1.000 millones por año.
“Con esas 250.000 toneladas se podrían alimentar 3 millones de niños por día, todos los días, todo el año, con la mejor proteína”, remarcó.
Lerena señaló que el perjuicio no es solamente económico. También existe, según explicó, un impacto comercial y ambiental, debido a que las capturas realizadas en el área de Malvinas compiten en los mercados internacionales con la producción pesquera argentina.
“Esta mercadería compite en el mundo con los recursos argentinos que se pescan en las aguas continentales con habilitación”, explicó.
Además, advirtió que la extracción afecta el equilibrio del ecosistema del Atlántico Sur: “Este recurso forma parte de un ecosistema, es decir, que se están pescando recursos que están dañando también la zona económica exclusiva argentina”.
“No hace falta una nueva ley”
El especialista también cuestionó la necesidad de incorporar nuevas disposiciones legislativas para sancionar a empresas que participan de la explotación de recursos en el área de Malvinas.
Según Lerena, las herramientas legales existentes ya permitirían actuar contra determinadas compañías.
“Reglamentar estas leyes, la 26.659, que refiere al petróleo, como reglamentar la ley 24.922 y la 27.564, que refieren a la pesca, es prácticamente innecesario. Por lo menos en la pesca es absolutamente innecesario”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que el problema central es que las normas no alcanzan necesariamente a todos los buques que operan en Malvinas, porque muchos de ellos no realizan simultáneamente actividades en aguas continentales argentinas.
“La mayoría de los buques que pescan en Malvinas no pescan en las aguas continentales argentinas habilitados”, explicó.
Por eso, consideró que la Argentina debería utilizar otras herramientas para sancionar a esas empresas.
España, en el centro de la discusión
Uno de los principales cuestionamientos de Lerena estuvo dirigido a la participación de empresas españolas en la explotación pesquera de Malvinas.
El especialista destacó que España reconoce la soberanía argentina sobre las islas y sostuvo que esa situación permitiría al Gobierno ejercer presión diplomática sobre las compañías que operan en el área.
“España ha reconocido la independencia argentina en 1863, de tal manera que ha reconocido, obviamente, la soberanía argentina en Malvinas”, afirmó.
En ese marco, consideró que la Cancillería podría adoptar una posición mucho más firme.
“Para el caso de España bastaría que el canciller lo llame al embajador y le diga que tiene 24 horas para retirarse del territorio argentino porque está pescando en un territorio que España reconoce como argentino sin la habilitación argentina”, planteó.
Lerena consideró además que España tiene un papel particularmente relevante porque no solamente participa en la extracción de recursos sino que también constituye un mercado clave para la producción pesquera proveniente de las islas.
“Es un elemento muy importante de Malvinas, porque le da, además de extraer el recurso y asociarse con los isleños, el mercado a esas explotaciones pesqueras”, explicó.
Uruguay y Chile, cuestionados por facilitar la operatoria
El especialista también apuntó contra la falta de controles sobre las actividades logísticas que permiten sostener la explotación pesquera alrededor de Malvinas.
En particular, cuestionó el papel de Uruguay y Chile.
“La relación con Uruguay es paupérrima de parte de Argentina y precisamente Uruguay está sirviendo de apoyo a todo el trasbordo, al cambio de tripulación, etcétera”, denunció.
También mencionó la situación de Punta Arenas, en Chile, donde —según explicó— los buques realizan tareas necesarias para continuar con sus operaciones.
“Lo mismo ocurre con Punta Arenas en Chile, donde se hacen los cambios de tripulación, provisión de materias primas frescas, etcétera”, indicó.
Para Lerena, una estrategia argentina sobre Malvinas debería contemplar no solamente la actividad directa de los buques en las aguas circundantes a las islas, sino también toda la infraestructura regional que permite que esa explotación continúe.
Críticas a las autorizaciones otorgadas durante el gobierno de Macri
Por último, Lerena cuestionó que el Gobierno concentre su atención en determinadas empresas y deje afuera a otras compañías que, según su interpretación, también estarían alcanzadas por la legislación argentina.
“El presidente en la cadena nacional refiere exclusivamente a las empresas Navitas y Rockhopper, pero omite todas las empresas que autorizó el presidente Macri en el 2019”, señaló.
Y agregó que dentro de ese grupo existen compañías que, a su entender, también vulneran la legislación argentina y desarrollan actividades en áreas bajo jurisdicción nacional.
