La investigación judicial por el caso $Libra sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Martín Romeo, uno de los querellantes más activos de la causa, quien planteó una hipótesis que busca explicar el origen de los USD 500.000 declarados recientemente por el vocero presidencial Manuel Adorni y cuestionó con dureza el desempeño del fiscal Eduardo Taiano.
En diálogo con Mañana Sylvestre, por Radio 10, Romeo advirtió que existe una estrategia para debilitar el expediente mediante el apartamiento de las querellas, a las que definió como el sector más activo de la investigación.
“Nosotros ya estamos en Casación pidiendo que se acepte a todos los demás querellantes del exterior que todavía no tuvieron lugar en la causa», explicó.
Además, confirmó que trabajan en una denuncia contra el fiscal Taiano por presunto encubrimiento y demora en la investigación. “Creemos que hay un encubrimiento y una dilación por parte de Taiano en la causa. Hace más de un año que vengo diciendo que se comporta más como un abogado defensor que como un fiscal”, sostuvo.
La pista de los USD 500.000
Romeo explicó que el eje de su nueva hipótesis surge de dos transferencias de USD 507.500 realizadas por Hayden Davis el 30 de enero de 2025, apenas 42 minutos después de una reunión en Casa Rosada en la que, según señaló, participaron el presidente Javier Milei, Manuel Adorni, Mauricio Novelli, Sergio Morales, Terrones Godoy y el propio empresario estadounidense.
“Eso ya está demostrado en el expediente, no es una hipótesis. Son dos transferencias que salen después de una reunión en Casa Rosada con Milei, Adorni, Novelli, Terrones Godoy y Hayden Davis”, afirmó.
Según detalló, una de las transferencias terminó en la cuenta de Camilo Blanco, identificado en la causa como una persona de confianza de Mauricio Novelli.
“Está demostrado por los cruces bancarios y por la requisa de celulares que Camilo Blanco actuaba como una especie de cajero de Noveli”, indicó.
La segunda transferencia, en cambio, tuvo como destinatario a un jubilado de apellido Mellino cuya participación en la trama sigue sin explicación.
“Durante mucho tiempo trabajamos sobre la hipótesis de que podía ser un prestanombre de Camilo Blanco, pero el fiscal no hizo absolutamente nada para investigar quién era ni por qué había recibido ese dinero”, cuestionó.
El vínculo con Manuel Adorni
Romeo sostuvo que el análisis de la documentación permitió detectar elementos que fortalecen una nueva línea de investigación relacionada con el vocero presidencial.
“Cuando empezamos a revisar el expediente de lleno dijimos: ‘¿Por qué el jubilado que recibió los 500.000 dólares de Hayden Davis comparte abogado con Manuel Adorni?’”, relató.
A partir de ese dato, el querellante consideró que existen elementos que justifican profundizar las medidas de prueba.
“Los montos coinciden, tienen el mismo abogado y Adorni estaba en esa reunión. Cuando empezás a trazar las líneas surge una hipótesis de investigación bastante fuerte”, afirmó.
En ese sentido, planteó que el jubilado podría haber funcionado como intermediario para recibir fondos.
“No me parece para nada agarrado de los pelos pensar que este jubilado no haya sido un prestanombre de Camilo Blanco o de Novelli, sino alguien que facilitó la cuenta para recibir los dólares”, señaló.
No obstante, aclaró que la hipótesis aún debe ser corroborada con nuevas pruebas. “Desde la narrativa suena obvio, pero nosotros queremos profundizar la investigación con responsabilidad y presentar cosas que sean coherentes”, remarcó.
Críticas al avance de la causa
Romeo insistió en que la falta de medidas de prueba sobre movimientos financieros y posibles vínculos entre los involucrados constituye una de las principales falencias de la investigación.
“Pedimos medidas para saber cuál era el rol del jubilado Mellino y por qué había recibido 500.000 dólares después de una reunión con Milei. El fiscal hizo caso omiso. No lo llamó ni le preguntó nada. Es una locura”, aseguró.
Las declaraciones del querellante se producen en momentos en que las defensas de algunos de los imputados impulsan planteos para limitar la participación de las querellas en el expediente, una decisión que podría impactar directamente en el futuro de una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno nacional.
