En Mañana Sylvestre, la directora de Acceso e Inclusión en Salud de la provincia de Buenos Aires celebró la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad en el Congreso, pero advirtió sobre el inminente veto presidencial. “Vetarla sería un acto de crueldad y una falta de compasión inaceptable”, aseveró.
Por unanimidad, con 56 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad. El nuevo marco legal otorga aumentos para los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos están congelados desde hace 7 meses; y corrige las restricciones impuestas por el Gobierno para acceder a las pensiones por invalidez.
“Nadie quiere una ley de emergencia. Cuando se pide una ley de emergencia es porque hay un peligro”, afirmó Lourdes Farías directora de Acceso e Inclusión en Salud de la provincia de Buenos Aires en diálogo con Mañana Sylvestre. Y ese peligro, subrayó, es el abandono del Estado nacional a millones de personas con discapacidad.
La funcionaria detalló que la situación en la provincia es crítica, particularmente por el brutal desfinanciamiento. “El gobierno nacional le transfiere a la provincia para la atención de estas personas apenas $617,20 per cápita. Eso no alcanza ni para un paquete de pañales ni para un ibuprofeno. Es inhumano”.
Además, cuestionó con dureza las auditorías implementadas sobre las pensiones por discapacidad: “Lo que está sucediendo con las auditorías es gravísimo. Se están haciendo en condiciones indignas, como en una pizzería, con gente con discapacidad esperando horas en la calle y sin saber quién los audita. Es de una perversión terrible”.
La ley aprobada contempla dos ejes principales: frenar las auditorías arbitrarias y asegurar el financiamiento a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Farías hizo una aclaración clave: “Cuando hablamos de prestadores, no hablamos sólo de personas sin obra social. Si se rompe este sistema, quedan sin atención chicos y adultos que asisten a centros de día, hogares o talleres protegidos”.
Frente al posible veto del presidente Javier Milei, la directora fue clara: “No vetar esta ley es un acto mínimo de compasión. Presupuestariamente no mueve el amperímetro. El supuesto supávit fiscal no se ve afectado”. Y agregó: “Si la veta, vamos a hacer todo lo necesario para denunciarlo y movilizarnos junto a los colectivos”.
En Radio 10, la funcionaria bonaerense apeló también a la empatía de la sociedad: “Más del 60% de las discapacidades se adquieren a lo largo de la vida. Esto le puede pasar a cualquiera. Por eso, no podemos mirar para otro lado. Necesitamos una red de atención urgente, sobre todo para los niños y las personas mayores”.
Al cierre, dejó un mensaje para quienes luchan desde hace meses por este derecho: “A los colectivos que hoy están preocupados, dolidos, agotados por pelear por un derecho básico, les digo que no están solos. Vamos a seguir luchando. Una sociedad que se mira al espejo tiene que poder mirar a los ojos de quienes trabajan por incluir”.
