La ofensiva del Gobierno nacional sobre organismos públicos estratégicos ha encendido las alarmas en todo el país. En diálogo con Mañana Sylvestre por Radio 10, Rodolfo Fernández, referente de la Pastoral Aborigen e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), advirtió sobre las consecuencias sociales y territoriales que tendría la eliminación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en especial para los pueblos originarios.
“Desde que asumió este gobierno, viene atacando todo lo que sea una herramienta del Estado para que los derechos se hagan realidad”, señaló Rodolfo Fernández, tras conocerse que el Ejecutivo trabaja en un decreto para disolver el INTA, el INTI y otros institutos clave como el de Agricultura Familiar Campesina Indígena o el Instituto Nacional de Semillas.
Fernández, quien reside en una comunidad de Misiones, destacó el rol del INTA en el acompañamiento técnico y humano a las poblaciones rurales e indígenas: “Muchos ingenieros llegan a las comunidades a trabajar junto a las escuelas, organizan huertas, capacitan, y lo hacen con mucha sensibilidad. Esa presencia es fundamental”.
El recorte presupuestario ya impacta en el territorio. “No están los recursos, la gente que acompañaba no tiene cómo llegar. Algo tan sencillo como una huerta, con el acompañamiento adecuado, puede transformar la vida de una comunidad. Los niños aprenden la cultura del trabajo, producen su propio alimento, y no dependen de planes sociales”, explicó.
A su vez, Fernández valoró experiencias previas de fuerte articulación estatal como las impulsadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: “El plan de entrega de semillas, herramientas e insumos para trabajar la tierra ayudó muchísimo a lo largo y ancho del país. El INTA fue clave para eso”.
Pero el dirigente fue más allá y denunció una avanzada más profunda: “El tema principal para las comunidades sigue siendo el acceso a la tierra. A más de 30 años de la reforma constitucional de 1994, aún no contamos con una ley de propiedad comunitaria indígena. Muchas comunidades son consideradas intrusas”.
Fernández recordó que en 2023 el Gobierno derogó la Ley 26.160, que suspendía los desalojos sobre territorios ancestrales y protegía a pueblos originarios en situación de vulnerabilidad. “Lamentablemente, muchas comunidades quedaron desprotegidas. Algunas tienen órdenes de desalojo y están siendo custodiadas por la policía. Se repite la persecución que ya hemos visto contra el pueblo mapuche”, denunció.
En ese marco, valoró el rol de la Iglesia y del Papa Francisco, que a través del equipo de Pastoral Aborigen, expresó su respaldo al INTA y su rechazo al retiro del Estado de áreas fundamentales para la vida rural. “Es muy grato que un medio como el de ustedes nos llame para visibilizar esta realidad. Muchas veces los pueblos indígenas han sido maltratados y discriminados, también por los medios de comunicación”, sostuvo.
El mensaje de Fernández fue claro: “Quieren borrar de un plumazo décadas de trabajo con las comunidades. Pero no vamos a quedarnos callados. Hay que denunciarlo y hay que movilizarse”. Así, se suma una nueva voz que alerta sobre los efectos concretos del ajuste: el abandono del territorio, la desaparición de políticas públicas, y la invisibilización de quienes menos tienen.
