El ministro de Justicia de la Nación, analizó en Mañana Sylvestre la reciente sentencia de la Corte que declaró inconstitucional a la legislación que reglaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, quince años después de su puesta en funcionamiento.
“Lamentablemente este fallo es la ratificación de lo que advertimos la semana pasada cuando mantuve la reunión con la Corte Suprema. Que la Corte declare inconstitucional una ley del año 2006 que la propia Corte ya había declarado constitucional en 2014 nos lleva a preguntarnos qué cambió. La respuesta es sencilla, lamentablemente ahora tenemos una Corte Suprema que ya no aplica el derecho, sino que juega a hacer política”, señaló el ministro de Justicia, Martín Soria en el aire de Radio 10.
Para el funcionario, el fallo “es una clara muestra de la utilización política que hacen de los tiempos procesales”, y recordó que el caso estaba cajoneado desde 2017 y “ahora deciden desempolvarlo, contradiciendo incluso lo que habían dicho en 2014 en el fallo Monner Sans”.
“Claramente es un antes y un después para nuestro país. En primer lugar, porque pasamos a tener una Corte que atenta contra la seguridad jurídica de nuestra Nación, fallando dos veces sobre el mismo caso y contradiciendo sus sentencias en tan solo siete años. En segundo lugar porque, una vez más, la Corte se está arrogando funciones legislativas, algo absolutamente incompatible con la función judicial. El fallo es inédito porque decide darle vigencia a una ley derogada por el Congreso hace quince años. Para recuperar su poder en el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema elimina de un plumazo la división de poderes. Lo increíble es que esto lo advierte incluso uno de los jueces de la Corte, diciendo que la decisión de sus colegas va en contra de lo que se aprende en el primer año de la facultad. Es una acusación muy grave, nunca vista, que habla del desprestigio interno que tiene la propia Corte”, expresó.
“Los que hoy festejan esta declaración de inconstitucionalidad y se llenan la boca hablando de independencia judicial son los mismos que durante cuatro años negociaron con los jueces que ellos mismos designaron por decreto para frenar este fallo, porque en ese momento la composición del Consejo de la Magistratura les convenía. Tuvieron cuatro años para derogar esta ley, pero en cambio decidieron mantenerla, otra elocuente muestra de falta de imparcialidad”, señaló el funcionario en charla con Sylvestre.
Consideró además que “volver a la composición de 20 integrantes en el Consejo en el plazo que estableció la Corte es casi impracticable, así que tenemos dos opciones: o la oposición permite que el Congreso asuma su función legislativa para sancionar una nueva ley, o en abril nos quedamos con un Consejo de la Magistratura paralizado”.
A la vez, planteó que el fallo de la Corte “pone en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial porque puede implicar la parálisis de las designaciones de jueces, de la administración del Poder Judicial, de las sanciones a jueces. La Corte le dio un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes. Pero incluso si se volviera a la composición de 20 consejeros, estaríamos volviendo a una composición que, en la práctica, demostró ser ineficiente, y que por eso se modificó en el año 2006. Hasta la reforma de 2006, se designaban a 31 jueces por año. A partir del 2006, pasamos a 45 jueces por año, casi un 50 por ciento más”.
