El fiscal e integrante de la Asociación Civil Justicia Legítima Félix Crous rechazó el fallo de la Corte Suprema que otorga el beneficio del 2×1 a condenados por crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante el Proceso Militar y llamó al Congreso a resolver políticamente el caso, apuntando a la nulidad de dicha la ley.
«Se debe ir por la nulidad legislativa como se hizo con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, porque es una ley ya modificada y hace años que murió. Sería interesante intentar la nulidad legislativa en lo que hace a la aplicación de la ley respecto de estos casos. Y sancionar otra sustituyendo la actual ley de cese de la prisión preventiva, que deje claro que en ningún caso puede atenuarse la pena», expresó.
Respecto a la extraña postura adoptada por la Corte Suprema -que incluso entraría en contradicción con la propia jurisprudencia del máximo tribunal-, y a los posibles intereses políticos que despiertan el caso, Crous expresó: «Es muy difícil no asociar este fallo a una decisión que trasciende los yerros o aciertos jurídicos»
«Es difícil entender que personas con las capacidades técnicas de los jueces de la Corte, aunque no sean penalistas puedan tomar el costo que han tomado, y pasar a la historia como los autores de este fallo nefasto, porque sí.
Los fallos siempre son políticos, y los de la Corte lo son mucho más. Cuando un juez decide tiene una trascendencia sobre la vida de la gente y eso es política», afirmó.
A la vez consideró en Radio 10 que la sentencia «es muy mala», y advirtió sobre la independencia de criterios que podrían tener jueces de primera instancia sobre el tema.
«Todos los fallos de la Corte tiene siempre la pretensión de perdurar el tiempo, inclusive es una virtud porque hacen a la seguridad jurídica esta previsibilidad. Ahora cuando se equivocan tanto, me parece que los tribunales inferiores le están dando a la Corte la posibilidad de volver sobre sus pasos», dijo.
«Afortunadamente aquí está sucediendo algo que no sucede muchas veces, y es que los tribunales inferiores empiezan a ejercer su autonomía en los casos que tienen. No tienen por qué seguir la jurisprudencia de la Corte, no hay ninguna ley que los obligue», concluyó.
Lunes 8 de mayo de 2017
