En diálogo con Mañana Sylvestre el constitucionalista Eduardo Barcesat criticó la actitud “contumaz y reticente” del jefe de Gobierno al traspaso del subte y de los colectivos a la Ciudad y remarcó que estaría incurriendo en una “violación de los deberes de funcionario público”.
“Es en el acta acuerdo del 3 de enero de 2012 donde debió tener su resolución y encauce definitivo el tema y ha sido la actitud contumaz y reticente del jefe de Gobierno local lo que determinó una nueva iniciativa de gobierno de convocar al Congreso de la Nación, es decir a todo el pueblo, y a todas las provincias, para que se pronuncien sobre el tema. El pronunciamiento está, y de inmediato otra conferencia de prensa de Macri, diciendo que no se va a hacer cargo. Hay un conflicto de poderes, esto tiene responsabilidades individuales y también situaciones institucional que deben ser analizadas”, dijo el constitucionalista.
Luego, detalló que “en lo que respecta a la actitud personal evidentemente estamos ante la hipótesis concreta no solamente de violación de los deberes de funcionario público, sino también una actitud de sabotaje a la prestación del servicio de transporte, y esto está en camino de la Justicia porque después del 1° de marzo hubo una presentación de una institución en una causa radicada en el juzgado del Dr. Lijo donde se investigan estas responsabilidades, por el hecho de lo ocurrido en el momento de la apertura de las sesiones legislativas, que fue un día de caos porque no había subtes y el transporte se vio colapsado”.
Barcesat va más allá de las repercusiones de esta disputa, y plantea como posibilidad el escenario de una intervención en la Ciudad: “Otro aspecto institucional es qué sucede cuando un gobierno local no cumple con las prestaciones esenciales, esta situación de anomia por la contradicción entre la postura del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad, lleva inexorablemente a que tenga que pensarse en el remedio extremo que no debe dejar de mencionarse que es la intervención federal para asegurar que la prestación se cumpla”.
Barcesat explicó en Radio La Red otra de las posibles salidas al conflicto, a través del recorte de recursos que le corresponden a la Ciudad por la coparticipación federal: “Si alguien no cumple una obligación, el que la encomendó, en este caso el Gobierno Nacional tiene que hacerla cumplir por sí o por un tercero, y cargarle los costos al incumplidor, es decir el Gobierno de Mauricio Macri, y en este caso descontándole el costo de mantenimiento y operatoria del servicio de subtes, Premetro, y transporte terrestre, en la coparticipación de la alícuota que le corresponde”.
Además, para el constitucionalista el acta-acuerdo que firmaron ambos gobiernos “tuvo principio de ejecución cuando se subió la tarifa del transporte”.
Consultado acerca de la posible judicialización del conflicto, explicó que “es dudoso que haya competencia originaria de la Corte, porque debemos recordar que hubo posiciones contrapuestas entre el Dr. Zaffaroni y el Dr. Lorenzetti, y hay fallos que establecen que el Gobierno de la Ciudad no es equiparable a las provincias por razones históricas. Judicializar la discusión significa 10 años de conflicto hasta que transite todo el espigón jurisdiccional, y 10 años sin transporte”.
Viernes 30 de marzo de 2012
