“El servicio público -a pesar de lo que dice el gobierno-, jurídicamente es un derecho. No puede pasar siendo generoso del 20% de los ingresos, sobrepasándolos es confiscatorio del salario de los trabajadores y los ingresos de los usuarios” recalcó Osvaldo Bassano, titular de ADDUC tras conocerse el último fallo de la juez federal de San Martín Martina Forns, que dio un nuevo freno al tarifazo de electricidad en todo el país.
El referente de usuarios y consumidores aclaró que en algunos países desarrollados de Europa el impacto por el uso de servicios públicos no supera el 18 al 20% de los salarios de los trabajadores. “En Argentina la influencia del tarifazo superó el 40% al 50% promedio de los ingresos de los usuarios,y eso no puede existir”, remarcó.
También apuntó contra la baja de calidad de los servicios que brindan las empresas concesionarias, situación que a su juicio lleva ya muchos años, y aseguró que las compañías solo les interesa “la ganancia y no la correcta prestación”.
Llamó además a concretar las necesarias audiencias públicas “para conocer la estructura de costos, las inversiones y cuál es el beneficio para el usuario”.
En cuanto a la sentencia final que dará la Corte Suprema sobre el caso, Bassano se manifestó esperanzado en un acompañamiento del máximo tribunal a los fallos dados por tribunales inferiores en cuanto a la suspensión de la medida.
Sin embargo, advirtió que una sentencia en contrario, “seria violentar la paz social porque el usuario deberá utilizar otros extremos para hacer valer sus derechos”.
En otro orden de cosas, aclaró que los aumentos no se pueden efectivizar hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, y estimó que tampoco se genera deudas futuras para los usuarios.
Aclaró que la empresa que viole estos fallos, “no solo ingresa en desobediencia sino que les da derecho a cada usuario a que reclame daños punitivos por hasta $5 millones”.
Jueves 4 de agosto de 2016
