“El Gobierno está dando de baja pensiones a personas con discapacidad”, señaló un artículo del diario Clarín. Y es verdadero porque entre bajas y suspensiones se redujeron 70000 beneficios por invalidez este año”, consignó en Radio 10 el periodista Matías Di Santi, del sitio web Chequeado.com.
El Estado nacional otorga una pensión por discapacidad a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en la capacidad laboral del 76% o más. Se trata de una pensión no contributiva, es decir que no requiere aportes previos, que corresponde al 70% de la jubilación mínima (hoy $4.475), salvo en los casos de personas de más de 65 años que luego de la llamada “ley de reparación histórica” del último año pasaron a cobrar una pensión universal del 80% de la jubilación mínima ($5.115).
En 2016 hubo 1.041.004 beneficiarios de pensiones por invalidez, un 0,61% por encima de las 1.034.743 de 2015, de acuerdo con los datos oficiales de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación. Para 2017, el Presupuesto nacional previó aumentar el número a 1.063.653.
Sin embargo, en los primeros seis meses de este año el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación redujo en 71.706 las pensiones por invalidez, entre bajas (19.215) y suspensiones (52.491), de acuerdo con la información de la cartera que dirige Carolina Stanley publicada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el concejal del Frente para la Victoria de San Martín Hernán Letcher.
Estas condiciones se aplican por el Decreto 432/97, firmado por el ex presidente Carlos Menem, en el que se exige a los titulares de las pensiones por invalidez “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”, entre otras cosas. Es una norma que ninguna de las gestiones previas -incluida las dos Presidencias de Cristina Fernández de Kirchner- derogó, por lo que está vigente.
Según Di Santi esta normativa va en contrario con el tratado suscripto por la Argentina con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
“Una persona discapacitada tiene que tener independencia, y no tiene que depender económicamente de nadie, y con esta medida lo que está haciendo el gobierno es que dependan de otro”, comentó el periodista en conversación con Gustavo Sylvestre.
Entre 2003 y 2015, según datos oficiales la cantidad de beneficios por discapacidad aumentó notablemente, al pasar de 78.585 a 1.034.743, un incremento de 956.158 pensiones (+1.217%), con lo cual hubo una flexibilización de hecho de las condiciones de ingreso al beneficio.
“Puede haber habido errores en el otorgamiento de beneficios como puede pasar en todas las áreas de la administración pública, pero dado que las pensiones se otorgan en relación a la vulnerabilidad social de las personas el Ministerio de Desarrollo tendría que analizar caso por caso antes de tomar una decisión como hizo ahora”, remarcó Di Santi.
Los beneficios del Metrobús
“Gracias al Metrobus, la gente viaja más segura, bajaron la cantidad de accidentes”, dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en una entrevista radial.
“El dato es verdadero. Según datos del Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires, en base a información de la Policía Federal sobre accidentes con víctimas, la siniestralidad total (es decir, cualquier tipo de choque) disminuyó un 49% luego de la construcción del Metrobus de 9 de Julio (que va de Constitución a Recoleta), inaugurado en 2013, y disminuyó un 12% después de la creación del Metrobus del Sur (que va de Puente La Noria a Constitución), creado también en 2013”, dijo Di Santi.
“Es una política que ayuda al tiempo de transporte pero también con respecto a la cantidad siniestros viales”, finalizó.
Jueves 15 de junio de 2017
