El intendente de General Madariaga denunció graves irregularidades en el funcionamiento del sistema de salud del PAMI en su distrito, que afectan a más de 10 mil jubilados de la región. En diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10, sostuvo que desde hace años se viene desviando arbitrariamente la atención médica de los adultos mayores desde el hospital municipal hacia una clínica privada, sin notificación previa y, en algunos casos, con carácter retroactivo.
“Esto no viene de ahora, empezó en 2021 con la gestión anterior, pero ahora se ha agravado”, señaló el intendente de General Madariaga Esteban Santoro. Según explicó, la situación comenzó cuando el PAMI trasladó entre 7.000 y 10.000 afiliados del hospital municipal a una clínica privada recientemente reabierta. A pesar de que muchos jubilados volvieron voluntariamente al hospital público por la mejor calidad de atención, la obra social volvió a redireccionarlos sin consultar a nadie.
Pero el hecho más alarmante ocurrió en diciembre de 2024, ya bajo la actual gestión del gobierno nacional. “Nos sacan la cápita sin informarnos, pero además lo hacen con retroactividad”, advirtió el jefe comunal. “El 21 de diciembre nos enteramos que habían trasladado abuelos al instituto privado desde el 1 de diciembre, lo que implica que los tratamientos brindados durante ese período no pueden ser cobrados por el hospital municipal”.
Santoro también denunció que la decisión no sólo perjudica económicamente al sistema de salud local, sino que condiciona la libertad de los jubilados para elegir dónde atenderse. “Hoy muchos van a la delegación de PAMI a pedir volver al hospital y les dicen que tienen que esperar seis meses. Han sido rehenes de un prestador que no quieren”, denunció con dureza.
El intendente no dudó en vincular estas maniobras con un sesgo ideológico que beneficia al sector privado en desmedro de lo público. “No queda ninguna duda de que buscan beneficiar a clínicas privadas, de que quieren echarle tierra a lo público, como hace este gobierno en vez de fortalecer el sistema”, aseguró.
Finalmente, informó que la situación ya fue judicializada: “Hicimos la denuncia el 19 de mayo y ya está en la justicia federal. Ojalá que esto se resuelva pronto”, concluyó.
La denuncia de Santoro se suma a una serie de acusaciones que salpican al PAMI, incluyendo presuntos casos de corrupción interna, pedidos ilegales de parte de sueldos a funcionarios y sobreprecios en contrataciones. Todo en un contexto donde la atención a los jubilados —uno de los sectores más vulnerables— parece quedar cada vez más relegada.
