“Me parece que hay dos tipos de análisis. Uno de la legalidad objetiva, y otro de la legalidad aplicada al objetivo. Desde el punto de vista objetivo -tanto de la Constitución como del tratado contra la corrupción y del Código de Procesal Penal-, en el caso del delito de corrupción estructural prescribe que cuando realmente se compruebe que se puede entorpecer la investigación o no se puede llegar a la verdad material, se pueda disponer la prisión preventiva de un imputado o de un procesado. Eso está en términos legales. Ahora hay que ver en cada uno de los casos los que últimamente se ha aplicado, cuál es la historia de ese caso, cuáles son las pruebas colectadas, y cuál es el accionar de la Justicia en el marco de un proceso integral. Y ahí es donde la pregunta es si estamos ante un Mani pulite o Lava Jato a la argentina, o de una suerte de revisión posmoderna del juicio de residencia que era someter al personal de la Corona una vez que dejara el cargo, o si realidad hay una renovada institucionalidad como se decía o el paso de una justicia legítima a una justicia amarilla…”.
En su paso por el aire de Radio 10 el letrado indicó que “hay cuestiones que realmente para mí me impactan y son muy desagradables. Porque la utilización del sistema penal como una suerte de venganza pública que es lo que sucedió con la detención de Boudou, realmente viola garantías, no le hace bien a la institucionalidad, no le hace bien al proceso penal. Porque esa exposición pública de una persona debilitada frente a un juez o frente al poder punitivo estatal, expuesta como si fuese un trofeo, va más allá de las cuestiones que en esta causa uno puede plantearse -como por qué tiene tanto tiempo y nunca hubo ningún inconveniente para investigar…”.
“Que a una persona se la exponga así –como en su momento fue la foto de Pablo Escobar- me preocupa mucho”, indicó Gil Dominguez. Y añadió: “La mejor forma de hacer justicia es que el juicio se tramite de forma rápida y se respeten las garantías a todas las personas, no importa cómo se llame. Y se le haga un juicio oral y público rápido, donde la persona se pueda defender…”.
Respuestas en breve
Consultado cómo catalogaría al accionar de la justicia actual, que investiga a unos y no a otros, Gil Domínguez dijo que “me parece que las respuestas las vamos a empezar a ver en breve a ver cómo actúa la justicia penal con hechos de corrupción que se le imputan a este gobierno. Si aplican el leyes penales estándar en casos donde actuales funcionarios sean investigados por delitos de corrupción o delitos conexos, bueno estaremos ante un Lava Jato o Mani pulite. Ahora si no, lo que estamos vendo es lo que ha sucedido muchas veces donde al que deja el poder se lo persigue penalmente, y al que tiene el poder se le regala el beneficio de la invisibilidad”.
“Si así fuese –si estuviésemos ante una justicia `pintada de amarillo´- estaremos perdiendo una oportunidad histórica y esto va a traer consecuencias graves para la institucionalidad en la Argentina –enfatizó el abogado constitucionalista-. Si pasamos de una justicia a otra, me parece que va a tener serias consecuencias no solo a nivel interno, sino también a nivel externo”.
Gil Domínguez manifestó además que “si acá el hecho de dejar el poder implica que estamos todos bajo la amenaza de prisión preventiva, y en cambio al llegar al poder estamos todos bajo cierta impunidad –esté quien esté, antes y ahora- realmente no es un país atractivo como para invertir y hacer proyectos productivos”.
“La justicia tiene que responder –las instancias superiores y de revisión- en el marco de sus competencias. Si llega un recurso, revisará y verá si la legalidad aplicada se condice o no se condice… Tampoco hay que pedirle a la Justicia que opere y levante el teléfono… Si no estamos en la misma”, concluyó Gil Domínguez.
Lunes 6 de noviembre de 2017
