El abogado constitucionalista advirtió que la iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso incorpora una modificación del Código Penal que prevé penas de hasta 12 años por campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública. Señaló que la figura podría afectar la libertad de expresión y el debate democrático.
En diálogo con Pablo Ladaga en Mañana Sylvestre, el experto en temas constitucionales Andrés Gil Domínguez cuestionó el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional al Congreso para establecer una serie de medidas vinculadas con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y advirtió especialmente sobre la incorporación de una modificación del Código Penal que, según explicó, establece penas de hasta 12 años de prisión para determinadas acciones vinculadas con la manipulación de procesos electorales y de la opinión pública.
En Radio 10, Gil Domínguez sostuvo que la modificación penal no guarda relación con el objeto central de la iniciativa y cuestionó la amplitud de la figura propuesta.
“El gobierno envió un proyecto de ley con la idea de defender la soberanía que tiene Argentina sobre las Islas Malvinas con una serie de medidas y dentro de ese proyecto incluye una modificación al Código Penal que no tiene nada que ver con el objeto del proyecto”, afirmó.
El constitucionalista explicó que la iniciativa incorpora “un nuevo tipo penal con penas de 5 a 12 años que podían agravarse de 8 a 15 años” cuando existiera una amenaza, y señaló que la conducta alcanzada estaría relacionada con la alteración de procesos electorales o la manipulación de la opinión pública mediante campañas masivas de desinformación coordinada, cuando mediara la participación de un Estado o agente extranjero.
Para Gil Domínguez, uno de los principales problemas radica en la falta de precisión de la figura penal. “Es un tipo penal muy abierto, indeterminado y que tiene sesgos de inconstitucionalidad en términos que puedan afectar la libertad de expresión, el debate democrático”, sostuvo.
La advertencia sobre la libertad de expresión
El abogado consideró que la utilización de conceptos amplios como “manipular la opinión pública” o “desinformación masiva” podría generar incertidumbre respecto de qué conductas quedarían alcanzadas por la eventual norma.
“¿Qué es manipular? ¿Qué es la desinformación masiva de la opinión pública?”, planteó durante la entrevista.
En ese sentido, advirtió que una definición demasiado amplia podría convertirse, a su criterio, en una herramienta capaz de generar un efecto restrictivo sobre el debate público.
“Puede surtir el efecto de una amenaza para restringir justamente la libertad de expresión, el debate, las opiniones críticas”, señaló.
Gil Domínguez también vinculó la discusión con declaraciones realizadas anteriormente desde el Gobierno respecto de periodistas o actores públicos que supuestamente podrían estar financiados por Estados extranjeros.
El constitucionalista utilizó además una situación electoral hipotética para graficar la amplitud que podría tener la figura penal propuesta. “Tan amplio es el tipo penal que hasta se le podría aplicar al propio Javier Milei”, afirmó, en referencia a información difundida durante el último proceso electoral sobre un supuesto apoyo de Estados Unidos que, según señaló, finalmente no se concretó.
Críticas a la incorporación de temas ajenos al proyecto
Durante la entrevista, Gil Domínguez también cuestionó que el proyecto sobre Malvinas incluya otras disposiciones relacionadas con la seguridad, entre ellas el uso de la denominada ley de derribo y la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones vinculadas con la seguridad interior.
“Ese fue uno de los pactos fundantes de 1983 en adelante”, sostuvo al referirse al acuerdo democrático construido desde el retorno de la democracia respecto de la separación entre la defensa nacional y la seguridad interior.
Para el constitucionalista, existe una “desvinculación desproporcionada entre el objeto del proyecto de ley y estas incorporaciones”.
En ese marco, calificó como una práctica problemática la inclusión de disposiciones de distinta naturaleza dentro de proyectos legislativos cuyo objeto original es diferente.
“Yo, en un proyecto que tiene un determinado objetivo que va a discutirse dentro de determinada lógica, introduzco una modificación del Código Penal, introduzco un tipo penal que no tiene ningún tipo de vinculación en ese marco temático que se va a discutir y en donde es realmente grave por el tipo penal, por las penas que tiene y por cómo se puede aplicar”, explicó.
“No tiene ninguna justificación lógica”
Sobre el cierre de la entrevista, Gil Domínguez insistió en que la modificación del Código Penal debería ser analizada de manera específica y no quedar incorporada dentro de una iniciativa cuyo eje es la cuestión de Malvinas.
“Me parece que no tiene ninguna justificación lógica dentro de la estructura de este proyecto”, sostuvo.
Y reiteró su cuestionamiento constitucional: “No es taxativo como ordena la Constitución en términos de legalidad penal y genera una amenaza concreta en el ejercicio pleno de la libertad de expresión, en las opiniones críticas, en el debate o en el posicionamiento crítico frente al Gobierno”.
