El abogado y apoderado del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata, habló en Mañana Sylvestre por Radio 10 sobre la nueva presentación judicial contra empresas que realizan tareas de exploración hidrocarburífera en la Cuenca Norte de Malvinas. Cuestionó la “inacción” del Gobierno nacional y reclamó medidas concretas para defender la soberanía argentina.
El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata presentó una nueva denuncia judicial contra las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, vinculadas a actividades de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de Malvinas. En diálogo con Gustavo Sylvestre en Mañana Sylvestre por Radio 10, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola explicó los alcances de la presentación y cuestionó la falta de una política de Estado frente a las actividades británicas en el Atlántico Sur.
“Ante la inacción del gobierno en lo que concierne a una política de Estado que debería ser la férrea oposición a cualquier acto unilateral ilegal por parte no solo del Reino Unido, sino en este caso de dos empresas”, sostuvo Guerrero Iraola.
El abogado detalló que la presentación fue realizada junto con la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y que solicitaron a la Justicia Federal de Río Grande que intervenga para impedir la continuidad de las actividades hidrocarburíferas.
“Hemos decidido interponer una acción de daño ambiental y de daño soberano”, explicó. Según señaló, el objetivo es que la Justicia haga valer la Constitución Nacional, las leyes ambientales y el marco normativo vinculado con la soberanía argentina.
En ese sentido, precisó que solicitaron dos medidas centrales. “La primera es, obviamente, que cese cualquier actividad de exploración y eventual explotación de la Cuenca Norte Malvinas y lo segundo es empezar a rastrear el flujo del dinero y financiamiento que permite a estas empresas fondearse para justamente realizar estas acciones ilegales en nuestro territorio”, afirmó.
“Ese petróleo es nuestro”
Guerrero Iraola advirtió que la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur no representa solamente un conflicto económico, sino que tiene consecuencias directas sobre la disputa por la soberanía de las islas.
“Tenemos que mantener una férrea posición para cortarle y obstaculizar estos objetivos que para ellos son estratégicos”, afirmó, en referencia a la estrategia británica en el Atlántico Sur.
Y remarcó: “Ese petróleo es nuestro, es petróleo de los argentinos”.
El abogado vinculó además la explotación de los recursos naturales con las necesidades sociales y económicas que atraviesa el país. “Cuando un pibe se va a la cama sin un plato de comida, cuando todavía un docente no llega a fin de mes porque no se le puede pagar lo que corresponde, cuando nuestros jubilados no pueden acceder a los medicamentos, tenemos que entender que hay un montón de recursos que podrían permitir el desarrollo nacional y que nuestro pueblo viva con dignidad”, planteó.
En esa línea, sostuvo que el petróleo de la zona podría constituir un recurso estratégico para el desarrollo argentino, pero denunció que actualmente es “ilegalmente explotado y explorado” por empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en las islas.
El pedido a la Justicia
Consultado sobre la posibilidad de que la jueza federal de Río Grande dicte una medida de no innovar, Guerrero Iraola destacó la importancia institucional que tendría una resolución de ese tipo.
“Para nosotros es muy importante que una jueza nacional, que una jueza de la Nación, que una jueza federal pueda hacer valer la legislación y la Constitución argentina”, señaló.
Y agregó: “Esto sería un mensaje para la comunidad, para los directorios de estas empresas, para quienes buscan financiar, decir que en Argentina la Justicia no va a convalidar el saqueo”.
Para el abogado, la disputa también debe abordar los mecanismos financieros que permiten sostener las actividades de las compañías. “Nosotros tenemos que saber quiénes son los que, a través de subsidiarias, de fondos de inversión, están permitiendo girar los fondos para que el saqueo pueda consumarse”, explicó.
“Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance con todo el repertorio de herramientas que tenemos”, aseguró.
Críticas a Milei y al anuncio sobre Malvinas
Durante la entrevista, Guerrero Iraola también fue consultado por el anuncio del presidente Javier Milei de realizar una cadena nacional en la que podría referirse a la cuestión Malvinas.
El abogado fue crítico respecto de las expectativas que genera esa posibilidad. “Nosotros creemos que es un manotazo de ahogado, creemos que está yendo mal en las encuestas”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó que el Gobierno busque reivindicar la soberanía sobre Malvinas mientras, según su interpretación, adopta decisiones que considera perjudiciales para los intereses argentinos.
“Sabemos que hay límites que las y los argentinos no queremos cruzar”, sostuvo, y agregó que “no nos llama mucho la atención que el presidente quiera enarbolar la bandera de la soberanía cuando nosotros sostenemos desde siempre que está desplegando un plan sistemático de entrega de la soberanía”.
Guerrero Iraola enumeró entre sus cuestionamientos distintas políticas vinculadas con la energía, la navegación del Paraná, el Atlántico Sur, la ciencia y las universidades.
Por eso, fue categórico al evaluar las expectativas frente al eventual anuncio presidencial: “La expectativa es nula, creemos que es una cortina de humo y queremos señalar que no necesitamos grandes anuncios”.
En cambio, reclamó decisiones concretas. “Necesitamos medidas concretas y políticas de Estado para que algún día pueda volver a flamear nuestra bandera en un territorio que nos pertenece”, afirmó.
El reclamo por una política de Estado
Finalmente, Guerrero Iraola insistió en que la cuestión Malvinas debería estar por encima de las disputas coyunturales y reclamó una estrategia sostenida para impedir el avance de las actividades británicas sobre los recursos del Atlántico Sur.
La denuncia del CECIM La Plata busca que la Justicia intervenga sobre las actividades de exploración y eventual explotación petrolera y, al mismo tiempo, avanzar sobre las estructuras de financiamiento que permiten que esas operaciones continúen.
El planteo del abogado apunta así a dos frentes: frenar las actividades hidrocarburíferas en la zona disputada y seguir la ruta financiera que las sostiene. Para Guerrero Iraola, ambas dimensiones forman parte de una misma disputa por los recursos naturales y la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.
