La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires obtuvo una medida cautelar que ordena suspender transitoriamente cualquier avance que implique una reducción de inversiones o una flexibilización de los controles en AySA, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.
Así lo explicó el secretario de Servicios Públicos del organismo, Gastón Arias, durante una entrevista en Mañana Sylvestre por Radio 10, donde destacó la rápida intervención judicial para proteger la prestación de un servicio considerado esencial para millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
«El defensor del pueblo, Guido Lorenzino, atendió esta situación rápidamente y nuestro equipo jurídico presentó una acción ante el fuero contencioso administrativo de La Plata», señaló Arias.
El funcionario destacó además la actuación del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, que hizo lugar a la presentación preventiva.
«El juez analizó la gravedad de esta situación y dictó una acción preventiva que tiene como objetivo evitar daños sobre los recursos físicos ante una eventual caída de las inversiones», explicó.
Preocupación por las inversiones y la calidad del servicio
Según detalló Arias, la principal preocupación radica en que el proceso de privatización pueda derivar en recortes de obras, disminución de controles o postergación de inversiones comprometidas por la empresa para los próximos años.
«La medida judicial busca frenar cualquier intento de recortar inversiones, postergar obras críticas o flexibilizar los controles sobre la calidad del agua en los municipios donde presta servicio AySA», afirmó.
El secretario de Servicios Públicos recordó que los propios informes técnicos de la empresa identifican déficits de cobertura y necesidades de infraestructura que requieren fuertes desembolsos.
«Existía un compromiso para profundizar las inversiones durante los próximos cinco años porque los informes técnicos mostraban problemas de cobertura, vulnerabilidad sanitaria y la necesidad de seguir ejecutando obras», sostuvo.
Y agregó: «El peligro aparece cuando se pretende privatizar la empresa y existe la posibilidad de reducir esas inversiones».
El antecedente del nuevo reglamento
Arias señaló que la preocupación de la Defensoría no comenzó con el proceso de privatización sino que ya se había manifestado anteriormente frente a modificaciones regulatorias impulsadas por la empresa.
«Habíamos advertido que el nuevo reglamento interno de AySA incluso habilitaba la posibilidad de dejar sin agua a usuarios por falta de pago, algo que antes no ocurría», indicó.
Según explicó, la judicialización fue el último recurso disponible ante una situación que consideran de riesgo para los usuarios.
«No nos quedó otra alternativa que recurrir a la Justicia», afirmó.
«AySA garantiza derechos»
Durante la entrevista, Arias defendió el rol de la empresa estatal y destacó su capacidad para expandir servicios en zonas donde el sector privado difícilmente invertiría.
«Estamos hablando de una empresa del Estado que funciona bien y que garantiza derechos», aseguró.
En ese sentido, remarcó que durante los últimos años la compañía amplió redes de agua potable y cloacas en barrios y sectores históricamente postergados.
«Expandió su red hacia lugares donde muy probablemente un operador privado no realizaría esas inversiones», sostuvo.
Impacto sobre millones de usuarios
El funcionario recordó que las consecuencias de una eventual desinversión afectarían directamente a millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo numerosos municipios bonaerenses.
«Estamos hablando de un servicio esencial para millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires», señaló.
Por ese motivo, destacó que varios municipios acompañaron la preocupación expresada por la Defensoría y advirtieron sobre los riesgos de avanzar con un proceso de privatización sin garantías de continuidad de las inversiones.
«La alerta también fue planteada por distintos municipios que reciben el servicio de AySA», concluyó.
