El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) advirtió sobre un “plan sistemático” del gobierno para debilitar y perseguir a las entidades que defienden a los usuarios. En diálogo con Mañana Sylvestre por Radio 10, aseguró que “en la macro mantienen a todos con el tema del dólar, pero en la micro le están quitando el derecho a todos los consumidores”.
“Los funcionarios que estaban en defensa del consumidor de Macri son los mismos que están ahora. Iniciaron una política de desguace de todo lo que significaba el reclamo, tanto individual como colectivo, para que no abusen y le roben a las personas en derechos muy particulares”, puntualizó en Mañana Sylvestre el titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano en diálogo con Gustavo Sylvestre sobre la actualidad de los precios y del consumo ciudadano.
Además, explicó que la situación se agravó con la eliminación del sistema de conciliación obligatoria, y señaló que «este gobierno, a través de su Secretaría de Defensa del Consumidor, destruyó el Coprec, que era una forma de reclamar por problemas con la medicina prepaga, la luz, el gas o las tarjetas de crédito. Ahora quieren sacarle beneficios como la zona fría y los derechos a los hiper vulnerables, a los jubilados. Directamente eliminaron esa herramienta”.
Por otra parte, denunció hostigamiento hacia su persona y la organización y resaltó que «concretamente empiezan a perseguir a la asociación exclusivamente. No quisiera personalizar, pero me nombraban a mí con un odio ancestral, con insultos soterrados. Otra vez lo mismo, otra vez la misma situación”.
Bassano también señaló el desmantelamiento de los organismos de control: “El ENACOM es un desastre con las comunicaciones, los bancos y las billeteras cobran intereses del 200 o 300% para que la gente pueda comer. A los jubilados les llegan facturas de más de 100 mil pesos de luz o gas, les cortan el agua pese a que hay fallos en contra. Y no tienen dónde reclamar si no es con un juicio que dura 5 o 10 años”.
Frente a este panorama, afirmó que ya iniciaron acciones judiciales y administrativas, aunque con escasas respuestas: “Hace 30 años que estamos luchando y ahora no podemos ejercer ni el derecho de expresión. Este gobierno está persiguiendo a los consumidores para destruir el patrimonio de los argentinos”.
Finalmente, concluyó con una advertencia: “No hay organismo de defensa, no nombraron al Defensor del Pueblo nacional, los entes reguladores están desactivados. Esto es gravísimo y por eso persiguen a quienes levantamos la voz. Esto no se puede permitir”.
