El diputado nacional y titular de La Bancaria celebró el fallo de la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo Federal que obliga al Banco Central a brindar información precisa sobre el envío de lingotes de oro al exterior. Denunció oscurantismo, posible violación de procedimientos y advirtió que, si hubo endeudamiento con garantía del oro, debió pasar por el Congreso.
La Cámara del Fuero Contencioso Administrativo Federal, Sala V, ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que brinde información concreta sobre los envíos de lingotes de oro al exterior, tras una acción judicial impulsada por el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. La resolución cuestiona las respuestas “genéricas” del organismo monetario y exige precisiones o, en su defecto, fundamentos específicos que justifiquen la negativa.
“La causa la iniciamos nosotros. En primera instancia no habíamos tenido un buen resultado, pero la Cámara entendió —como había planteado el fiscal— que no se puede rechazar un pedido de información pública con argumentos vagos”, explicó Palazzo en diálogo con Gustavo Sylvestre.
El legislador detalló el alcance del reclamo judicial: “Preguntamos si existieron operaciones de envío de lingotes de oro al exterior, cuántas partidas, por qué monto, en qué moneda y cuál fue el resultado de esas operaciones”. Además, señaló que el propio Banco Central y el ministro de Economía habían reconocido la existencia de esos envíos a través de comunicados y notas periodísticas.
Entre los puntos más sensibles, Palazzo cuestionó la logística utilizada: “Preguntamos por qué se utilizó una transportadora privada teniendo el Banco Central blindados propios, cuánto cobró esa empresa y por qué no se hizo a través de Aerolíneas Argentinas”. También indagaron si hubo contratos, qué funcionarios intervinieron, si el tema fue tratado en el directorio y si se notificó a los organismos de control.
“Son preguntas muy taxativas. No ponen en riesgo la seguridad nacional saber si el directorio trató el tema o si hubo informes de la línea administrativa del Banco Central”, remarcó.
Según Palazzo, el monto comprometido rondaría los 2.500 millones de dólares, aunque aclaró que ese número surge del seguimiento realizado hasta el momento. “Ellos argumentaron riesgo para la seguridad financiera, pero la Cámara fue clara: no alcanza con invocar eso de manera genérica para negar información”, sostuvo.
El diputado también recordó que la Auditoría General de la Nación había denunciado dificultades similares para acceder a datos del BCRA. “El propio auditor general dijo que era imposible obtener información porque el Banco Central se la negaba sistemáticamente”, señaló.
Uno de los aspectos más alarmantes, según Palazzo, es la posible inexistencia de contratos: “Si no hubo contratos, hay que ver quién tomó la decisión. Yo tengo un alto grado de convencimiento de que no hubo informe previo de la línea administrativa cuando se hizo la primera entrega de oro”.
El dirigente sindical aclaró que nunca cuestionó la legalidad de eventuales operaciones con oro, sino el modo en que se realizaron: “El riesgo no era que el oro estuviera afuera, sino que en tránsito pudiera ser embargado por los fondos buitre. Por eso era clave la información”.
Finalmente, advirtió sobre una posible violación institucional: “Si el oro fue utilizado como garantía para contraer deuda, eso debió pasar por el Congreso. Tomar deuda pública sin intervención del Poder Legislativo es gravísimo”.
Palazzo anticipó que el Gobierno podría intentar dilatar el proceso judicial, pero se mostró confiado: “Vamos a seguir peleando. Cada vez estamos más cerca de que nos digan qué hicieron con el oro de todo el pueblo argentino”.
