El letrado querellante en la causa que investiga el viaje a Lago Escondido que hicieran jueces, fiscales, empresarios, agentes de inteligencia y un funcionario de CABA estuvo en Mañana Sylvestre tras la decisión de la Justicia de avanzar con allanamiento en el predio propiedad del empresario Joe Lewis.
La justicia federal de Bariloche ordenó un allanamiento en la estancia Lago Escondido propiedad del magnate británico Joe Lewis en el marco de la causa que investiga el viaje de los jueces, funcionarios porteños, ex espías y directivos de medios de comunicación. La medida busca encontrar documentación y elementos de interés para el expediente.
Del viaje habrían participado los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A. Tomás Reinke. Además, se encuentran imputados Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
“No me llama la atención que la jueza federal María Silvina Domínguez haya tomado medidas firmes e importantes porque la conozco de su ejercicio, es una persona seria y totalmente independiente. Ella fue la organizadora de los juicios de lo que se denomina La Escuelita que investigó los centros clandestinos de detención”, expresó al respecto el letrado Marcelo Hertzriken Velasco, quien se presentó como querellante en esta causa.
“Por lo bizarro y obsceno de las comunicaciones que trascendieron, estas personas han dejado todas las huellas. Sin ofender la inteligencia de quienes sabemos investigar, podemos dejarlos claramente al descubierto. Porque eso de pergeñar facturación posterior, etcétera y etcétera”,opinó el abogado.
Respecto del allanamiento a Lago Escondido dictado por la jueza Domínguez, el letrado consignó que “se pueden secuestrar de todo, primero y principalmente si yo fuera juez o fiscal secuestraría todos los medios electrónicos, el facturador si lo hubiera, ver facturas anteriores y posteriores. Y llamaría a las personas anteriores que concurrieron al establecimiento a ver si efectivamente pagaron algo y cómo lo pagaron. Y sacaría los discos rígidos de los equipos de videofilmación relativos a los días del viaje y los anteriores y con eso rápidamente vamos a concluir que no es un lugar de alojamiento”.
Además precisó que “los valores del vuelo que se indicaron por parte de la firma están disociados con el verdadero valor, porque ese tipo de vuelo sale de US$5.000 a US$10.000 por cabeza. Todo esto se va a probar, el punto es qué hará este grupo de personas para evitar el accionar de la justicia”.
