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Ordenar intervenir la fundación de Patricia Bullrich: “Pasaron de recaudar $700 en 2019 a terminar el ejercicio 2022 con $90 millones”, resaltó Guillermo Echeverría

El director de Entidades Civiles de la Inspección General de Justicia habló de la intervención  la fundación del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) de Patricia Bullrich por presuntas irregularidades en su financiación.

La Inspección General de Justicia resolvió intervenir judicialmente la fundación que preside la candidata presidencial de Juntos, Patricia Bullrich. La medida que afecta al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), se dispuso por haber estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a «financiar» acciones de «proselitismo político» a través de seminarios, almuerzos y/o aportes.

“Los ingresos son realmente millonarios, pasaron de recaudar $700 en 2019 a terminar el ejercicio 2022 con $90 millones y ese crecimiento es producto en mayor medida por los supuestos seminarios porque entendemos que son simulados y que en parte son donaciones de personas humanas y personas jurídicas”, sostuvo Guillermo Echeverría, director de Entidades Civiles de la Inspección General de Justicia, en charla con Gustavo Sylvestre.

“Si una actividad de una organización genera muchos millones por año por lo menos en las actas de los libros hay que describir de qué se trata. Y durante el año 2022 no hay ninguna referencia a la realización de seminarios realizados por la entidad, donde diga qué temática se abordó, cuántas personas participaron y cuánto cobraron por persona”, dijo y luego fue más tajante: “Pensamos que estaban pasando la gorra en la fundación».

Asimismo, explicó que “una recaudación para una campaña vulnera los principios de la asociación civil, porque está creada con un fin determinada como es el estudio de la seguridad y la criminología, no para campañas”.

En Radio 10, Echeverría sostuvo que “hay una ley de financiamiento de campañas y de partidos políticos que específicamente dice cómo se recauda, cuáles son los controles y los límites, y dicen quiénes son los que no pueden aportar. No pueden hacerlo empresas o personas que tengan concesiones de servicios públicos o exploten juegos de azar. Y acá hay dos casinos de la provincia de Santa Fe que están comprando seminarios”.

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