El magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal, en Mañana Sylvestre, defendió la decisión de reabrir una causa vinculada a la represión policial contra jubilados durante manifestaciones en el Congreso y advirtió sobre el uso “excesivo e indiscriminado” de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
En diálogo con Radio 10, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar habló de la reapertura de la investigación sobre la represión policial en el Congreso y explicó que «el fallo obliga a llevar adelante la investigación de todos los responsables por violar los derechos humanos en esa marcha”, señaló.
Un caso reabierto tras ser archivado
La causa se originó a partir de una denuncia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien alertó sobre la brutal actuación policial contra un jubilado durante una protesta. Según detalló Slokar, el hecho fue registrado por cámaras de televisión y generó indignación pública.
“El expediente había sido desestimado por inexistencia de delito, pero entendimos que correspondía investigar”, afirmó el juez, quien además indicó que se dispuso apartar a quienes habían intervenido previamente en el proceso.
“Ningún uniformado debe obedecer órdenes inconstitucionales”
Slokar remarcó que el fallo también busca sentar doctrina hacia el accionar de las fuerzas de seguridad: “Ningún uniformado está obligado a obedecer una orden contraria a la Constitución”, subrayó.
En ese sentido, advirtió sobre un patrón de violencia institucional: “Lo que vemos es el uso excesivo de la fuerza, en forma indiscriminada, contra manifestantes pacíficos, en violación de normas internacionales”.
La protesta como derecho esencial
El magistrado hizo especial énfasis en el valor democrático de la protesta social: “La movilización es un mecanismo esencial de la libertad de expresión, sobre todo para sectores vulnerables”, explicó.
Y agregó: “Cuando frente a esos reclamos la respuesta es la criminalización, estamos ante un problema serio para la democracia”.
Un mensaje al sistema democrático
Slokar aclaró que el fallo no implica promover la inacción estatal frente a eventuales disturbios, pero sí fijar límites claros: “El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, pero también de respetar los derechos de quienes se manifiestan”, sostuvo.
Finalmente, remarcó el rol del Poder Judicial en este tipo de situaciones: “Tenemos la obligación de impedir y reparar violaciones a los derechos humanos. Ese es el mandato de la Justicia”.
La resolución de la Cámara vuelve a poner el foco sobre el accionar de las fuerzas federales en protestas sociales y abre una nueva etapa de investigación sobre posibles responsabilidades en hechos de violencia institucional.
