El vicepresidente del Consejo de la Magistratura opinó en Mañana Sylvestre tras la sentencia dictada por el máximo tribunal que declaró inconstitucional a la reforma del 2006 que modificó la composición de ese organismo judicial de 20 a 13 miembros. “Esto puede generar que el poder judicial deje de funcionar”, dijo sobre el exiguo plazo fijado en 120 días para resolver su nueva composición.
Este jueves, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del 2006 sancionado por el Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 y encomendó al parlamento una nueva legislación que determine la nueva composición de sus miembros en un plazo que fijó en 120 días corridos.
«Fue demasiado tiempo el que se tomó la Corte Suprema. Estoy de acuerdo con el fallo de inconstitucionalidad. La composición actual no respeta el equilibrio que debe haber entre las fuerzas políticas, pero me parece que los tiempos fueron demasiados. Cuando se toma demasiado tiempo en resolver un fallo pareciera que hubiera un interés político”, expresó Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura en conversación con Gustavo Sylvestre.
«La única forma de poder disponer de la norma dictada por la Corte es darle vigencia a una ley que fue derogada por el poder legislativo. Y todo acto que dicte el Consejo de la Magistratura es nulo si no están los miembros correspondientes», expresó.
A su vez, planteó sus críticas respecto del exiguo plazo fijado por la Corte para resolver la nueva legislación que regle al Consejo de la Magistratura y advirtió que “el poder judicial se va a parar”.
“No se van a pagar los servicios ni mantener los pagos respecto del sistema informático, ni se van a pagar los salarios de los empleados y funcionarios, ni de jueces. El poder judicial de un momento a otro, se cierra”, señaló y agregó “no sé si se podrá resolver en 120 días lo que no se pudo en 15 años”.
El fallo de la Corte se resolvió por unanimidad, 15 años después de entrar en vigencia la legislación, y determinó que la composición del Consejo de la Magistratura no respeta el «equilibrio» de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y estableció el plazo de 120 días corridos para volver a integrarse con 20 miembros si no hubiera una nueva legislación.
