“El fallo de la Corte es taxativo en señalar que la obligación legal y consittucional de convocar a las audiencias no es un mero trámite. El Gobierno está obligado a consultar a los consumidores cuando se trata de tarifas, y además y está obligado a tomar en cuenta los aportes que se hagan en la audiencia y a informar el tratamiento que le da a esas propuestas, ya sea que las acepte o rechace”, dijo María Lucila Pimpi Colombo, titular de la Asociación Civil prosindicato de Amas de Casa y ex subsecretaria de Defensa del Consumidor.
Colombó apuntó además contra la falta de respuestas del ministro de Energía Juan José Aranguren en relación al precio final del gas en su proceso productivo en boca de pozo, y aseguró que “es muy distante” de la realidad.
“Eso es para subir el precio, porque el interés que tiene ese tramo es más de la mitad del precio final de la tarifa y de esa manera está descargando en los consumidores el precio que se les pagan para que hagan nuevas inversiones, y nuevos pozos, para que se desarrolle lo que está en la ley de nacionalización de YPF, que se debe conseguir la autoproducción, porque después los precios que se pagan por el gas importado son muy altos”, expresó.
Además adelantó posibles nuevas presentaciones judiciales tras la realización de las audiencias públicas. “El Gobierno se niega a tomar el precio de ingreso al sistema de transporte como un servicio público y queda en una situación endeble respecto este cumplimiento. Creo que hay una vía de acción si el gobierno insiste en no tomarlas”, dijo.
“Los aumentos no pueden ser ajenos a los aumentos del poder adquisitivo del salario. La Corte misma dice que si los aumentos son exorbitantes, no se van a poder pagar, se va a tener que cortar el servicio y no se cumple la función”, finalizó.
Lunes 19 de septiembre de 2016
