El ex ministro de Desarrollo Productivo declaró como testigo en la causa por la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner que se inició tras su salida del gobierno de Alberto Fernández, y negó que hubiesen existido irregularidades en la licitación de la obra, ni direccionamiento en favor de determinadas empresas.
“Lo primero que tengo que manifestar es que, en ningún momento, quise señalar o hacer mención a actos de corrupción. Si hubiese tenido algún elemento que indicara la existencia de posibles actos de corrupción, los habría denunciado en sede judicial”, expresó el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas en su encuentro con el juez federal Daniel Rafecas, y el fiscal Carlos Stornelli en sede judicial, en la causa que investiga la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner tras su salida de dicha cartera.
El ex ministro fue citado por un off the record que salió desde su ministerio en el que se dejaban traslucir posibles direccionamientos en las licitaciones en favor de la empresa Techint por parte del organismo público Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) conducido por funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En su testimonio en sede judicial, Kulfas sostuvo que hubo «errores» en la comunicación emanada desde la cartera que conducía y en reiteradas ocasiones rechazó que existieran irregularidades en la licitación de dicho gasoducto.
«Como es de público conocimiento circuló en ámbitos periodísticos una información que complementaba mis declaraciones radiales que no estaba para hacer circular masivamente sino que eran un conjunto de conceptos al solo efecto de que la responsable de prensa del ministerio las tuviera, frente a eventuales consultas periodísticas», dijo el ex funcionario y más adelante aclaró que «en ningún momento fue la intención señalar hechos de corrupción, sino discutir sobre políticas públicas».
Y que sus declaraciones posteriores «no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas», ante lo que consideró un «ataque injustificado» hacia su ministerio «de parte de la vicepresidenta» Cristina Fernández de Kirchner.
