En el aire de Radio 10 estuvo el periodista Ari Lijalad, y en conversación con Gustavo Sylvestre comentó detalles de la nota publicada en el portal Nuestras Voces en el que explica presuntas maniobras dilatorias de la familia Macri para no pagar su deuda, que habrían sido volcadas en la auditoría técnica y que forzaron a la salida del procurador del Tesoro Carlos Balbín.
«El informe muestra cuales son las maniobras que utilizó la familia Macri para dilatar esta causa durante tantos años. Cuál fue la complicidad judicial que tuvieron los Macri para que esto durara tanto, pese a lo que dicen las leyes, y cuáles fueron las responsabilidades del Estado para consentir estas maniobras dilatorias», explicó Lijalad.
Esta auditoría la hizo personal de planta de la procuración, no se puede decir que fue obra del kirchnerismo porque fue un documento técnico acerca de lo que pasó en este juicio. Y lo que hace es demoler el argumento de que la Familia Macri quiso solucionar esto durante todos estos años, sino lo que muestra es que la familia Macri lo que no quiso fue pagar su deuda y contó para eso con distintos cómplices», agregó.
El periodista remarcó la actitud compasiva que tuviera el Estado argentino durante todo estos años porque nunca se solicitó la quiebra del Correo Argentino.
«La quiebra se puede pedir hoy, el problema es que el gobierno de Macri no va a pedir la quiebra de la empresa de la familia Macri, porque si quiebran tendrían que pagar mucho dinero, y tendrían que hacerse responsables las otras empresas del grupo como SOCMA o SIDECO además del patrimonio personal de la familia Macri», apuntó.
Según el informe de la auditoría hubo una evidente desvalorización de los valores constantes y del crédito que reclama el Estado cuyo monto ascendía en 2001 a casi $300 millones de pesos, pero si se computaran los intereses que demandó la fiscal Gabriela Boquín, la deuda sería de más de $70 mil millones. Mientras que el actual gobierno y el Grupo Macri consideran que no deberían computarse dichos intereses.
El caso adquiere más complicaciones aún porque la empresa de la familia Macri reclama a través de juicios contra el Estado el pago de una indemnización, donde pide una compensación por $2.365 millones.
Al respecto, Lijalad aseguró que el nuevo procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías -quien fuera abogado del Grupo Macri- «obviamente está muy interesado en hacerle el favor a la familia Macri y que no pague los intereses».
Viernes 2 de junio de 2017
