La abogada y exdirectora del Banco Central, Betina Stein, criticó con dureza la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de archivar la causa que investigaba la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. En diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10, calificó el fallo como “errado” y sostuvo que se apoya en afirmaciones dogmáticas que contradicen la abundante prueba documental incorporada al expediente.
En Radio 10, la letrada y ex directora del BCRA, Betina Stein destacó especialmente la apelación presentada la semana pasada por el fiscal Franco Picardi, a la que definió como “excelente y muy bien fundada”. Según explicó, la causa no apuntaba a cuestionar una decisión de política económica —que reconoció como no judicializable— sino a analizar la legalidad del proceso mediante el cual se tomó y ejecutó el crédito con el FMI en 2018.
“Lo que se investiga es si en la solicitud, autorización, aprobación y ejecución del préstamo se violaron leyes, la Constitución Nacional o normas administrativas”, explicó. En ese sentido, recordó que el acuerdo original con el Fondo Monetario Internacional fue por US$57.000 millones, de los cuales finalmente ingresaron US$45.000 millones, y remarcó que todo el procedimiento estuvo plagado de irregularidades.
Entre ellas, enumeró la ausencia de autorizaciones previas exigidas por la Ley de Administración Financiera, la falta de dictamen de viabilidad del entonces ministro de Economía con aval del Jefe de Gabinete, la inexistencia de un informe del Banco Central sobre el impacto de la deuda en la balanza de pagos y la falta de dictámenes jurídicos obligatorios. “Los expedientes administrativos se iniciaron después de firmados los memorandos con el Fondo. Eso, por sí solo, ya es gravísimo”, subrayó.
La exfuncionaria también citó informes del Banco Central, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, todos coincidentes en que se violaron los procedimientos legales y que existió un perjuicio patrimonial para el Estado. En particular, remarcó que la fuga de capitales registrada entre 2018 y 2019 fue prácticamente equivalente a los dólares ingresados por el FMI. “Eso demuestra que los fondos tuvieron un destino ilegal y distinto al declarado”, afirmó.
Stein cuestionó además que la jueza Capuchetti haya descartado la existencia de perjuicio patrimonial sin ordenar una pericia contable. “Es una conclusión cuanto menos extraña llegar a eso sin una pericia. No se puede confundir endeudamiento con daño al patrimonio del Estado”, señaló.
Por último, consideró “para nada casual” que el fallo judicial haya coincidido temporalmente con la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a la Procuración del Tesoro como querellante en la causa. Si bien aclaró que se trata de delitos de acción pública, remarcó el fuerte impacto simbólico de ese desistimiento. “El Estado era la principal víctima y su presencia como querellante representaba una política de Estado contra la corrupción”, sostuvo.
“Es fundamental que la sociedad tome conciencia de que la corrupción mata y empobrece”, concluyó Stein, y llamó a sostener la investigación de estos hechos más allá del signo político de los gobiernos de turno.
