El viernes último la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado argentino a dar urgente respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que reclamó la liberación inmediata de la titular de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, y solicitó se otorgue el arresto domiciliario o bien se le permita enfrentar los procesos judiciales en libertad a través de la fiscalización electrónica.
En el aire de Radio 10 en la 710 AM estuvo el magistrado español Baltasar Garzón que es una respetada figura en el ámbito de los Derechos Humanos en el mundo.
Para Garzón el fallo de la CIDH “un grave correctivo para el Gobierno y el Estado argentino” y consideró que desconocer esta decisión de dicho organismo internacional sería “muy grave” para el país.
“No cumplir con la orden de la CIDH pone en vías de sanción al Gobierno argentino”, dijo el juez español y podría en principio “dejar afuera del sistema interamericano a la Argentina lo cual sería una regresión absoluta”.
“Desde el dictamen de CIDH la detención de Milagro Sala es arbitraria y por tanto podría generar responsabilidad penal en las propias autoridades argentinas y desde luego una descalificación. Y no creo que Argentina esté en condiciones de asumir estas consecuencias a nivel internacional”, apuntó.
En esta línea manifestó que “no hay excusa ni pretexto” para no cumplir la decisión de la CIDH, y sostuvo que el Gobierno argentino “no puede rehuir este tipo de responsabilidades echando la culpa a otro”.
Tras la visita que realizó a Sala en la prisión de Alto Comedero, Garzón refirió que el encuentro le dejó «una tristeza inmensa y una indignación mayor», a la vez que subrayó que su encarcelamiento tiene “inconsistencia absoluta” en lo jurídico y se debe a criterios “estrictamente políticos”.
Las causas contra Cristina
Consultado acerca de la situación vive la ex presidenta Cristina Kirchner en relación a la embestida judicial que es objeto desde la llegada de Cambiemos al poder, Garzón estimó que existe “mucha inconsistencia y demasiado peso político en las causas” que se le siguen en su contra.
“Desde mi punto de vista no hay razones jurídicas de peso que sustenten esos procesos. Y si están sosteniendo como un instrumento o un arma política contra una posible oponente en las próximas citas electorales estarían subvirtiendo lo que es los principios democráticos de la convivencia humana en Argentina”, indicó.
Precisó que algunos funcionarios judiciales “optan por un servilismo y una venalidad que están fuera de todo ámbito de lo que deben constituir la fortaleza de las instituciones en un sistema democrático”.
Lunes 31 de julio de 2017
