El abogado y especialista en Acceso a la Información Pública, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analizó en Mañana Sylvestre por Radio 10 las irregularidades y cuestionamientos que rodean al proceso electoral luego de las denuncias y cambios de último momento vinculados a la impresión de boletas y la organización de los comicios.
“La gran pregunta que debemos hacernos todos es cómo se llevó a cabo este proceso electoral”, planteó el abogado Marcelo Bermolén, especialista en transparencia de la información pública de la Universidad Austral, al advertir que la falta de claridad sobre las etapas y responsabilidades “genera incertidumbre y pone en duda la transparencia institucional”.
El especialista explicó que parte del material electoral ya fue entregado y que existen versiones cruzadas sobre el modo en que se distribuyeron las impresiones en las distintas imprentas habilitadas. “No se trata sólo de un problema técnico o logístico, sino de un asunto que impacta directamente en la confianza pública y la integridad del proceso democrático”, enfatizó.
En ese marco, Bermolén señaló que las dificultades que tuvieron los espacios políticos para financiar y organizar sus campañas durante las primarias “redujeron la posibilidad de participación ciudadana en la presentación de candidatos”. “La gente no pudo intervenir plenamente en la conformación de las listas, y eso debilita la calidad institucional y pluralidad del sistema electoral”, sostuvo.
El abogado también subrayó la responsabilidad de los actores políticos y electorales en garantizar un proceso transparente y previsible. “Cuando las reglas cambian sobre la marcha o se improvisan mecanismos, se vulnera la equidad entre los competidores y se deteriora la confianza social en las elecciones”, remarcó.
Finalmente, Bermolén insistió en que la transparencia electoral no se limita al día de la votación, sino que “debe ser un principio rector en todas las etapas del proceso, desde la convocatoria hasta la rendición de cuentas posterior”.
“Cuando se impide o se restringe la competencia real, se debilita la democracia y se erosiona la confianza ciudadana”, concluyó.
