El constitucionalista sostuvo que la Justicia argentina tiene en sus manos pruebas directas que comprometen seriamente al presidente Javier Milei en lo que describió como “una gran estafa”, en alusión al escándalo por la promoción de la criptomoneda “Libra”. En diálogo con Gustavo Sylvestre, el especialista cuestionó el doble estándar judicial y reclamó que se actúe con la misma vara que en causas anteriores, como la que tuvo como acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.“
La justicia argentina tiene mucha prueba directa en términos de la participación, como mínimo, del presidente en un acto que ya está demostrado que fue una gran estafa”, afirmó el experto en temas constitucionales Andrés Gil Domínguez en Radio 10. Y fue categórico: “Con esta prueba, con el estándar que se aplicó en la condena del caso de Cristina, están dadas las condiciones para que exista un llamado a indagatoria”.
Para el constitucionalista, no sólo Milei debería ser citado: “El presidente y varios integrantes también de este gobierno han quedado acreditados como participantes. Hay un conjunto de personas privadas que armaron una gran estafa, y esa estafa tuvo una enorme repercusión por la participación de Milei en su carácter de presidente”.
Gil Domínguez remarcó que los vínculos entre los involucrados en el esquema de la criptomoneda y el gobierno no son hipotéticos, sino demostrables. “Participaron en distintas reuniones y distintos movimientos directamente con el presidente, con la secretaria general y con otros funcionarios de gobierno. Más prueba directa que esa, no sé qué están esperando”, dijo.
Consultado directamente por Sylvestre sobre si el presidente Milei debería ser citado a declarar, el abogado fue contundente y detalló que deberían ser llamados por la Justicia «Milei y un conjunto de personas que pertenecen a este gobierno, en donde hay también prueba directa de vínculos aceitados e inmediatos con quienes están acreditados como autores intelectuales y materiales de esta estafa”.
Gil Domínguez también cuestionó el rol de la Justicia, que a su entender está atravesada por una lógica de alineamiento político: “Salvo algunos jueces valientes y algunas cámaras federales comprometidas, la justicia penal y no penal que debía controlar al gobierno desde que asumió ha adoptado una posición de acompañamiento o de sometimiento a las políticas de este gobierno, aunque deban ser investigadas penalmente”.
Más grave aún, advirtió sobre un “disfuncionamiento de la justicia en los términos constitucionales asignados” y apuntó directamente a la Corte Suprema de Justicia: “No ha tomado decisiones, sigue sin resolver muchos casos donde está en juego la validez constitucional y convencional de las políticas adoptadas por este gobierno. Si no hay un mensaje claro en la cabeza, el resto del Poder Judicial tampoco va a adoptar medidas activas”.
Como ejemplo del contraste, mencionó la causa civil que avanza en Estados Unidos por el mismo caso de la criptomoneda: “La causa está avanzando mucho más rápido que en la justicia penal argentina. Es más fácil para la justicia norteamericana porque no hay compromisos locales, pero si uno releva la prueba colectada hasta acá, hay más que suficiente como para llamar a indagatoria”.
