La jueza del fuero laboral advirtió en Mañana Sylvestre sobre las consecuencias “graves e inmediatas” del proyecto del Gobierno que elimina el fuero laboral nacional, al señalar que la iniciativa deja a trabajadores y trabajadoras “sin una herramienta fundamental” para defender sus derechos.
En diálogo con Mañana Sylvestre, por Radio 10, la juez laboral Andrea García Vior fue categórica y precisó que «este gobierno le viene apuntando desde el inicio a la justicia laboral. Es el único fuero que funciona acorde a la ley en la Argentina”.
La magistrada calificó la medida como “insólita” y explicó que, lejos de tratarse de una reforma ordenada, el proyecto elimina “de un plumazo” un sistema que concentra una enorme cantidad de causas y una complejidad jurídica que no puede ser absorbida por la justicia local.
“Nunca se podría transferir a una provincia —o a una ciudad equiparada a una provincia— cuestiones federales en materia laboral”, remarcó.
Un fuero desbordado y sin reemplazo real
García Vior detalló el volumen de trabajo que hoy soporta la Justicia Nacional del Trabajo:
“Tenemos casi 700 mil causas en primera instancia y más de 32 mil en segunda, con solamente 50 jueces”.
A ese escenario se suma la falta de cobertura de vacantes:
“De 80 juzgados, 30 están vacantes. Y de 30 jueces de Cámara, solo somos 17. Después se nos cuestiona la tardanza, pero ¿cómo no va a haber demoras si no se hacen los nombramientos?”.
La jueza advirtió que el proyecto no contempla una transición progresiva ni los recursos necesarios para trasladar semejante volumen de causas:
“Lo lógico y razonable era una transferencia progresiva. Nada de eso se hizo”.
Causas federales que no pueden desaparecer
La magistrada subrayó que el fuero laboral no solo trata conflictos individuales entre trabajadores y empleadores, sino también materias federales clave:
“Las causas del régimen de asociaciones sindicales, los conflictos colectivos, la negociación paritaria docente, todo el modelo sindical argentino”.
A eso se suman los litigios contra el Estado nacional y organismos como ANSES o el PAMI, además del trabajo marítimo, que por la Constitución es de jurisdicción federal.
“Son muchísimas más causas de las que la gente cree, y están mal explicadas”, alertó.
“El Poder Ejecutivo elige su propio juez”
Uno de los puntos más críticos, según García Vior, es que el proyecto abre dos vías que terminan concentrando los conflictos en fueros elegidos por el propio Ejecutivo:
“Por un lado se modifica la ley de competencia y se atribuye al fuero federal o al contencioso administrativo federal. Y al mismo tiempo se intenta transferir competencias federales a la justicia local. Esto es grave”.
La consecuencia inmediata, advirtió, es demoledora:
“En lo inmediato, no va a haber justicia. Todavía no hay justicia local, y los conflictos van a terminar en el fuero contencioso administrativo federal, que es el que eligió el Poder Ejecutivo para juzgar sus actos”.
Y cerró con una definición contundente: “Eligen su propio juez”.
La advertencia de la jueza expone un escenario inédito: miles de causas laborales en el limbo, trabajadores sin acceso efectivo a la justicia y un sistema judicial desbordado antes incluso de que la reforma entre en vigencia.
