El legislador porteño afirmó que busca regular a las empresas de cobranzas extrajudiciales ante las denuncias por amenazas, contactos con familiares y compañeros de trabajo y reclamos de deudas inexistentes o con intereses abusivos.
Sigue en el centro de la escena la problemática del endeudamiento de las familias y en ese marco conversamos en Mañana Sylvestre con el diputado de la Ciudad Leandro Santoro quien anunció el avance de un proyecto de ley destinado a regular el funcionamiento de las agencias de cobranzas extrajudiciales en la Ciudad de Buenos Aires.
En diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, Santoro explicó que la iniciativa constituye una segunda etapa de un trabajo que ya había comenzado con medidas para facilitar la refinanciación de deudas.
“Así como logramos sacar una ley que permitió que algunos bancos privados y el Banco Ciudad tengan una línea de crédito alternativa para refinanciar deudas con tasas bajas, ahora estamos por la otra etapa que es la de ponerle un freno a las agencias de cobranzas extrajudiciales que son las responsables de hostigar y volver loca a la gente”, afirmó.
Denuncias por deudas inexistentes y amenazas
Santoro señaló que uno de los principales problemas detectados son los reclamos de deudas que las personas aseguran no haber contraído y, en otros casos, obligaciones existentes que terminan incrementándose por la aplicación de intereses que calificó de abusivos.
“La cantidad de casos de gente que dice: ‘Me están exigiendo una deuda que yo nunca tuve’”, relató.
Y agregó que, en los casos en los que la deuda existe, algunas agencias recurren a distintos mecanismos de presión para intentar cobrarla.
“Con deudas que son existentes, pero que están infladas por tasa de interés abusiva y que con tal de cobrarla las agencias de cobranzas extrajudiciales llaman a los trabajos, llaman a la familia, simulan cédulas judiciales, simulan actuaciones judiciales”, denunció.
Según el legislador, también existen casos en los que se les comunica a los deudores que la Policía irá a sus domicilios o que sus bienes serán embargados.
“Tengo infinidad de testimonios de gente que dice: ‘Me están mandando un mail que viene la policía a sacarme el televisor, a embargarme las cosas’. Todo mentira, porque todo ese tipo de acciones solamente son posibles a través de un trámite judicial”, sostuvo.
Santoro afirmó que en la Ciudad de Buenos Aires funcionan más de 275 agencias de este tipo y cuestionó la falta de regulación específica.
El proyecto: registro, sanciones y responsabilidad profesional
El proyecto que impulsa Santoro busca establecer un marco regulatorio para las agencias de cobranzas extrajudiciales y los departamentos de cobranzas de empresas que otorgan créditos.
Según explicó, la iniciativa contempla la creación de un registro y un esquema de sanciones para quienes incumplan las normas.
“La ley apunta que haya sanciones, que haya un registro. En todo caso, si alguna de estas agencias incumple, van a tener que poner en juego su registro, o sea, prohibiéndoles trabajar”, explicó.
Además, el proyecto establece responsabilidades específicas para los profesionales que intervengan en las cobranzas.
“Que haya un abogado que está al frente, así que el abogado va a tener que poner en juego su matrícula”, señaló.
La misma obligación alcanzaría a los departamentos de cobranzas de empresas comerciales que ofrecen financiación.
“Si hay un departamento de cobranza, por ejemplo, de una casa de venta de electrodomésticos, además de penas, sanciones, multas, van a tener que tener un abogado que ponga en juego su matrícula”, sostuvo Santoro.
Para el legislador, este mecanismo permitiría generar una responsabilidad concreta frente a eventuales abusos.
Durante la entrevista, Santoro describió el impacto que, según los testimonios que recibió, tienen las prácticas de cobranza sobre las personas endeudadas. También hizo referencia a situaciones de exposición y humillación en los barrios.
“En los barrios es tremendo. Afiches, la humillación es terrible”, señaló.
Uno de los casos mencionados durante la entrevista fue el de una joven llamada Camila, cuya familia había denunciado haber recibido comunicaciones vinculadas con una deuda. Santoro sostuvo que el episodio terminó con el suicidio de la joven y afirmó que el caso se encuentra judicializado. “Esto tiene que tener un límite”, reclamó.
El uso de los contactos del teléfono
Santoro también planteó cuestionamientos sobre determinadas prácticas vinculadas con los créditos otorgados a través de plataformas digitales.
“¿Cómo tampoco hay un impedimento para que una empresa como Mercado Libre, cuando vos das doble clic para aceptar un crédito, se chupe todos tus contactos y, a través de la inteligencia artificial, si no pagás, le mande un mensaje a toda la gente que tenés en el teléfono diciendo que no estás pagando?”, planteó.
Según afirmó, se trata de situaciones que, desde su perspectiva, requieren una regulación específica para proteger a los consumidores.
“Esto que te estoy contando es real, sucede y es una locura”, sostuvo.
Una comisión abierta en la Legislatura
Santoro explicó que el proyecto comenzó a ser debatido en una comisión abierta de la Legislatura porteña, con la participación prevista de representantes institucionales y personas afectadas por este tipo de prácticas.
“Va a venir la presidenta del Colegio Público de Abogados, la defensora de la Ciudad, víctimas que van a dar su testimonio y se le va a presentar a los diputados un articulado muy preciso, muy ejecutivo para terminar con este quilombo en la ciudad”, detalló.
El legislador destacó además que la problemática logró reunir a representantes de distintos sectores políticos.
“A la primera audiencia que propuse para discutir este tema me vinieron desde el FIT hasta el PRO”, señaló.
En ese sentido, remarcó la importancia de alcanzar acuerdos entre las distintas fuerzas para avanzar con la iniciativa.
Refinanciación de deudas: el esquema del Banco Ciudad
Durante la entrevista también se abordó el programa de créditos destinado a personas con deudas, implementado por el Banco Ciudad y al que, según Santoro, se sumaron ocho bancos privados.
“Está funcionando, pero no está funcionando bien”, evaluó.
Ante la consulta sobre los plazos para acceder a esos créditos, señaló que el período inicial era de 60 días y que, según su información, se extendería durante un período adicional.
El legislador consideró que esta herramienta constituye una parte de la respuesta al problema de la morosidad, mientras que la regulación de las cobranzas extrajudiciales apunta a evitar que quienes atraviesan dificultades económicas sean sometidos a prácticas de hostigamiento.
“Ahora estamos por la otra etapa”, sintetizó Santoro, al referirse al proyecto destinado a establecer límites y sanciones para las agencias de cobranza.
