El diputado nacional presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los fundamentos de una afirmación del Presidente. En diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10, advirtió sobre el uso de la palabra “terrorista” y sostuvo que puede derivar en “tipificaciones penales ambiguas” contra quienes expresen opiniones críticas.
El diputado nacional Maxi Ferraro cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre la supuesta deportación de 30.000 terroristas de la Argentina y presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer qué información oficial sustenta esa afirmación.
En diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10, Ferraro calificó los dichos presidenciales como un “disparate surrealista” y planteó interrogantes sobre el alcance que el Gobierno le atribuye al concepto de terrorismo.
“Estamos frente a un grave disparate surrealista del Presidente, en un contexto que se agrava en lo que es su gran elocuencia, desmesura, enajenación de la realidad y algunos delirios persecutorios”, afirmó.
El legislador aclaró, además, que no pretendía realizar ningún diagnóstico sobre el Presidente, sino formular una evaluación política sobre sus declaraciones.
“Yo no quiero, por supuesto, caer en un diagnóstico. (…) Corresponde a nosotros emitir un juicio ante la irresponsabilidad o a lo que esconde el Presidente por abajo de instalar en esta narrativa”, sostuvo.
El pedido de información por los supuestos 30.000 terroristas
Ferraro explicó que su presentación busca determinar de dónde surge la cifra mencionada por Milei y qué personas fueron efectivamente identificadas bajo esa categoría.
“Dijo que han sido deportados 30.000 terroristas en la Argentina en el último año y medio, un poco más. Estamos hablando de 100 personas por día”, señaló.
El diputado pidió que la ministra de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones brinden explicaciones sobre los dichos presidenciales y sobre la eventual aplicación de las normas vinculadas al terrorismo.
“La ministra de Seguridad, como la Dirección Nacional de Inmigraciones, se tienen que hacer cargo y ser responsables de los dichos del Presidente”, sostuvo.
En particular, Ferraro reclamó información para establecer cuántas personas fueron inscriptas en el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y si se aplicaron disposiciones de la Ley de Migraciones relacionadas con esa materia.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el diputado estuvo relacionado con la utilización del término “terrorista” para describir situaciones vinculadas con el ingreso de personas al país.
“Lo grave es a quién se refiere como terrorista”, planteó.
Ferraro señaló que en los puestos fronterizos y aeropuertos pueden producirse situaciones vinculadas con irregularidades migratorias, y reclamó diferenciar esos casos de una acusación de terrorismo.
“No pasemos por alto: ¿a qué se refiere el Presidente como terrorista cuando así lo define y lo confunde con incidentes regulares que puede tener cualquier puesto fronterizo de Migraciones en un aeropuerto o en los pasos de frontera que hay a lo largo y ancho de nuestro país?”, preguntó.
Durante la entrevista se mencionó que las cifras disponibles podrían referirse a unas 30.000 personas que no lograron ingresar al país por distintas irregularidades en su documentación. Ferraro sostuvo que, si esa fuera la cifra a la que hizo referencia Milei, no debería confundirse con personas calificadas como terroristas.
La preocupación por las “tipificaciones penales ambiguas”
Ferraro vinculó el debate con otros proyectos impulsados por el oficialismo y manifestó su preocupación por lo que definió como una utilización imprecisa de determinadas categorías.
Según el diputado, algunas iniciativas que llegaron al Congreso incluyeron “tipificaciones penales ambiguas, poco precisas” que, a su entender, podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión.
“Solamente buscan silenciar o impedir las opiniones críticas que pueda haber no solamente de sectores de la oposición política, sino también de sectores del periodismo en lo que es nada más ni nada menos que ejercer el derecho a la libertad de expresión, el derecho y el deber de informar”, sostuvo.
Ferraro también planteó que el concepto de terrorismo aparece relacionado con el debate sobre la denominada Ley de Defensa de la Soberanía de las Islas Malvinas y recordó la discusión previa en torno a la denominada ley de lobby.
“Una prostitución del lenguaje peligrosa”
Consultado sobre si las declaraciones presidenciales podrían formar parte de una narrativa destinada a generar condiciones para avanzar con determinadas iniciativas legislativas, Ferraro respondió afirmativamente, aunque lo planteó como una interpretación política.
“Yo creo que esta prostitución del lenguaje del Presidente y de algunos de sus funcionarios o no funcionarios se inscribe en esa narrativa, pero que es una prostitución del lenguaje peligrosa porque después cae en ambigüedades, en poca precisión que creo que no hay que dejárselas pasar”, afirmó.
El diputado insistió en que el problema central no es solamente la cifra mencionada por Milei, sino la utilización de una categoría como “terrorista” sin precisar exactamente a quiénes se está haciendo referencia.
El rol de la oposición y del periodismo
Hacia el final de la entrevista, Ferraro sostuvo que el debate también involucra el derecho a formular críticas al Gobierno y a informar sobre sus decisiones.
“Ante esa imprecisión, ante esa tipificación que están cometiendo, un atentado terrorista contra el modelo (…) que está llevando adelante el Presidente Milei”, planteó, al advertir sobre las consecuencias que podría tener una utilización amplia del concepto.
