El Instituto Jorge Newbery, una escuela de educación especial con casi cuatro décadas de trayectoria en el barrio porteño de Colegiales, atraviesa una situación crítica por los recortes en los fondos destinados a discapacidad. Su representante legal, Fernando Zizzias, advirtió en Mañana Sylvestre que si no hay una asistencia urgente del Estado, el establecimiento —y muchos otros en la misma situación— podría cerrar sus puertas a fin de año.
“El instituto está en Teodoro García y Cabezón, cumple 39 años. Ya estuvo a punto de cerrar hace cuatro años cuando falleció la fundadora, y desde entonces intentamos mantenerlo. Pero ahora estamos en una situación límite”, explicó Fernando Zizzias, en Radio 10.
El abogado, que además preside la Cámara de Escuelas Especiales de Buenos Aires, señaló que la crisis se debe a una combinación de retrasos en los aranceles, falta de actualización en los pagos del Estado y deudas acumuladas por los meses sin ingresos.
“Los aumentos que dispuso el gobierno son insignificantes y se cobran con meses de retraso. El último incremento fue del 12% para octubre, pero se factura en noviembre y se cobra en febrero. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir pagando sueldos y servicios”, detalló.
“Estamos con una economía de supervivencia. No sólo le pasa a nuestra escuela, le pasa a todas las instituciones del país.”
Zizzias remarcó que el problema se origina en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que regula los aranceles que cobran las escuelas especiales: “La nación ha recortado todos los fondos de discapacidad, incluidos los subsidios a las escuelas especiales. No son subsidios voluntarios: son las cuotas que fija el gobierno. Hace 36 meses que los aumentos vienen por debajo de la inflación, y el último año fue directamente en cero.”
El dirigente explicó que las instituciones del sector funcionan como micropymes familiares, con pocos alumnos y un alto nivel de profesionalización: “Nuestras aulas tienen en promedio seis u ocho alumnos, con docentes especiales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y musicoterapeutas. Todo el personal está en relación de dependencia. Son escuelas pequeñas, de 60 o 70 alumnos, con 30 o 40 empleados. Es imposible sostener eso con los aranceles actuales.”
Actualmente, las cuotas de media jornada rondan entre $310.000 y $370.000, aunque según la Ley de Emergencia en Discapacidad, deberían duplicarse para equiparar la inflación acumulada:
“El aumento que necesitamos es del 80% inmediato, más un resarcimiento de todo lo que se perdió. Lo que no cobramos lo estamos poniendo nosotros, que no somos grandes empresas.”
Zizzias alertó que varias escuelas ya se encuentran en concurso de acreedores o con deudas impagables:
“Hay instituciones que pagan sueldos en cuotas o sólo con lo que reciben de la Ciudad. Otras están endeudadas porque tomaron créditos esperando aumentos que nunca llegaron. Y las que lo hicieron ya no tienen acceso al crédito porque no pueden devolverlo.”
El representante del sector denunció además la parálisis institucional de la ANDIS y la falta de diálogo con el gobierno nacional:“Hace un año que el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad no se reúne. Todo está atravesado por denuncias, intervenciones y recortes. No hay una preocupación real por mejorar, sino por ajustar. No tenemos diálogo, y sin diálogo no hay salida.”
Finalmente, Zizzias expresó su angustia por el impacto que esta crisis tiene en las familias y los trabajadores: “Las familias están desesperadas, y nosotros también. No hay empatía del gobierno con un tema que es gravísimo. Estamos sin recursos, preocupados, pero ocupados. Queremos encontrar una salida, pero para eso tiene que haber voluntad de hablar y de entender la dimensión del problema.”
