En Radio 10 conversamos con el reconocido abogado Roberto Carlés, quien es integrante de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, quien opinó sobre los cacerolazos en la Ciudad contra la concesión de beneficios de prisión domiciliaria a detenidos en el sistema penal.
Para el letrado, la protesta parte de un relato ficticio en el que se intenta adjudicar poder de decisión al Gobierno sobre el caso, cuando se trata de resortes movidos exclusivamente desde el poder judicial, y que además son de alcance muchísimo menor al que se pretende instalar.
«En estos tiempos de posverdad, los hechos poco importan. En este año tuvimos menos libertades de las que se concedieron el año pasado y en relación al COVID-19 se han concedido solo 800 prisiones domiciliarias entre Provincia y el Sistema Penitenciario Federal lo que representa al 1,2% de la población carcelaria de ambos sistema cuando en el mundo se está liberando.. en Italia el 10%, en Francia 14%, Portugal 17% y EE.UU, con toda la cultura punitivista que tiene, está liberando de a cientos de personas”, expresó Carlés.
A su juicio, se instaló un “relato falso” que busca la “indignación” de la gente a “través de explotar los prejuicios de nuestra sociedad»
“Lo que ha molestado al poder no son los presos, sino la prohibición de despidos, o la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas. Se aprovechan estos temas para asestarle al gobierno su primer cacerolazo por una cuestión que no es responsabilidad del ejecutivo, cuando las libertades o prisiones domiciliarias son resortes del Poder Judicial”, insistió.
De todos modos, para Carlés, el gobierno debió “adelantarse a los hechos” y faltó una reacción temprana antes de las primeras protestas en la cárcel de Devoto, caso que fue explotada por cierta “prensa interesada”.
“Sabemos lo que dicen los infectólogos respecto de los riesgos de lo que implica la cárcel por el hacinamiento, por la falta de condiciones de salubridad e higiene. Una vez que ingresa una enfermedad infectocontagiosa a una cárcel es un reguero de pólvora, la transmisión es rapidísima y el personal penitenciario lleva la enfermedad al mundo libre y la colapsa el sistema sanitario.
En el cierre de la entrevista, apuntó contra los dichos de la jueza Julia Márquez, quien difundió una información falsa acerca de una eventual liberación masiva de violadores.
“Lo que ha hecho es una intimidación pública, contribuir a la difusión de falsedades con una finalidad intimidatoria, amenazante. Es un eslabón en una cadena de construcción de relato. Cabe un proceso de jury», finalizó.
Lunes 4 de mayo de 2020
