El consultor especialista en deuda y Derechos Humanos Juan Pablo Bohoslavsky aseguró en un documento presentado en el seno de las Naciones Unidas que -en el actual marco de la pandemia por COVID-19-, la prioridad para los Estados debe ser garantizar la vigencia de los Derechos Humanos, por encima de cualquier consideración económica.
“Una de las principales obligaciones que tienen los Estados es movilizar todos los recursos disponibles a fin de cumplir sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales, como por ejemplo proveer educación de calidad, viviendas adecuadas, alimentación, etc. Uno de los resortes más importantes que disponen los Estados es su política tributaria y el informe identifica una serie de instrumentos fiscales y tributarios que los Estados deberían movilizar de manera de asegurar un espacio fiscal que les permita desplegar políticas sanitarias, sociales y económicas y asegurar la vigencia de los DDHH de toda la población”, resaltó en charla exclusiva con Mañana Sylvestre el consultor Juan Pablo Bohoslavsky, sobre el trabajo presentado ante la ONU.
“Lejos de ser un principio revolucionario es una obligación de los Estados sobre lo cual la ONU ha venido trabajando hace tiempo. Sin ir más lejos, el año pasado el Consejo de DDHH de la ONU establecía que hay que dar prioridad a impuestos directos y progresivos», comentó.
En esta línea, añadió que «los que más tienen deberían ser los que más contribuyen a reforzar el espacio fiscal del Estado, y se puede materializar a través de distintos instrumentos, uno puede ser el impuesto a la riqueza o bienes personales aumentando las alícuotas de manera proporcional al volumen de la riqueza. Mientras que otros países están discutiendo el impuesto a la herencia, en qué medidas las personas que heredan de padres o madres acaudalados merecen recibir el 80% o 90% de esa fortuna después de impuestos».
«Este informe incentiva a los Estados a ser innovadores en la manera en que captan la riqueza excedentaria y la vuelcan y traducen en polìticas inclusivas. De hecho salvo algunas dramáticas excepciones, todos los gobiernos están internalizando la necesidad de una presencia estatal más fuerte. Asegurar que todas las personas tengan un piso mínimo de derechos sociales y económicos, que todas las personas puedan acceder a un ingreso mínimo y forma parte de repensar el rol del Estado ante la sociedad como garante de DDHH», subrayó Bohoslavsky.
“La mayoría de los gobiernos está poniendo en un cajón la ortodoxia monetaria que el FMI ha promovido en las últimas décadas porque entienden que el déficit fiscal está ampliamente justificado en estas situaciones”, culminó en Radio 10.
Jueves 16 de abril de 2020
